Licencias de estatales: la Justicia avaló el silencio del Gobierno

El control de licencias médicas de trabajadores estatales continúa generando polémica en el Estado de Río Negro. Los gremios afirman que el sistema busca rechazar licencias válidas y la oposición cuestiona la tercerización a través de una empresa privada. Hubo pedidos de informes para conocer detalles del contrato, pero el Superior Tribunal de Justicia avaló la negativa del Gobierno a brindar detalles.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió este martes rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador José Luis Berros. El planteo pretendía obtener por vía judicial acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa privada Dienst Consulting SA, encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal.

“La decisión judicial se ampara en formalismos que terminan impidiendo que la ciudadanía acceda a información esencial sobre el uso de fondos públicos”, cuestionó el legislador, quien anticipó que presentará otro reclamo ante la Justicia.

El STJ falló "por tecnicismos", cuestionó Berros. En efecto, el máximo tribunal resolvió en contra del legislador por considerar que las respuestas parciales del Ejecutivo a los pedidos de informes previos evidencian que no hubo “rehusamiento expreso” a brindar información.

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El legislador José Luis Berros, impulsa el proyecto para tener mayor control y que redunde en las arcas estatales.

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“Lo cierto es que hubo reiterados pedidos de informes y cartas documento que fueron respondidos con evasivas. ¿Qué más hace falta para que se reconozca una negativa? Estamos ante una interpretación excesivamente formalista que vulnera los principios constitucionales de transparencia”, replicó el legislador.

“Río Negro, por la connivencia entre el Gobierno, el bloque mayoritario en la Legislatura y la Justicia, se está convirtiendo en un feudo”, afirmó el dirigente peronista.

En su escrito, Berros solicita que se revoque el punto 2 de la resolución que desestimó su acción de mandamus, y exige que tanto el Poder Ejecutivo como Horizonte Seguros -empresa estatal que contrató a Dienst- pongan a disposición el contrato completo. La presentación denuncia que la falta de acceso al documento vulnera los artículos 4 y 26 de la Constitución de Río Negro, que garantizan la publicidad y transparencia de los actos de gobierno.

Las incógnitas sobre la empresa que audita a los estatales

Berros sostiene que estas respuestas constituyen una negativa fáctica a entregar la información, lo cual, a su entender, cumple con los requisitos legales para habilitar la vía judicial elegida. "El contrato con Dienst no solo involucra cifras millonarias (unos 300 millones de pesos mensuales, según estimaciones) sino que impacta directamente sobre miles de trabajadores estatales. Que el Ejecutivo y una empresa estatal como Horizonte Seguros nieguen el acceso a este contrato es una señal alarmante”, expresó.

En un pasaje de su escrito, Berros advierte que “evidentemente no hay decisión política de que Río Negro sea una provincia transparente”, y señala que existe una articulación preocupante entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial para limitar el control ciudadano.

“Cuando el Ejecutivo oculta contratos, el Legislativo sanciona un Código regresivo a pedido de jueces, y el Superior Tribunal avala ese esquema, se configura una connivencia institucional que naturaliza el ocultamiento y erosiona las garantías constitucionales más básicas”, afirmó.

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Berros advirtió que “cuando la Justicia privilegia tecnicismos sobre el control democrático de la gestión pública, se debilita el Estado de Derecho y se retrocede en derechos ciudadanos básicos”. Y agregó: “Este fallo es una muestra clara de cómo el nuevo Código Procesal, lejos de agilizar el acceso a la Justicia, lo dificulta para quienes buscamos garantizar la transparencia”.

Finalmente, el legislador anunció que continuará exigiendo que el contrato firmado con Dienst Consulting S.A. sea puesto a disposición, “porque la sociedad tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y quiénes prestan servicios en áreas tan sensibles como la salud de los trabajadores públicos”.