La Justicia ordenó devolver al Estado una vivienda del IPPV: qué pasó

Una vivienda construida con fondos públicos y destinada a dar respuesta a una necesidad habitacional permaneció durante años sin ser utilizada. La situación encendió alertas dentro del Estado, que avanzó con distintas instancias administrativas hasta que el IPPV recurrió a la Justicia.

El caso expone una problemática recurrente en los planes habitacionales: inmuebles adjudicados que no cumplen con su función social. En este escenario, los organismos de control comenzaron a reunir información y antecedentes para determinar el estado real de la propiedad.

Con el paso del tiempo, se consolidó un cuadro que contrastaba con el objetivo original del programa. La casa, ubicada en Bariloche, no registraba actividad ni señales de ocupación efectiva por parte de sus adjudicatarios.

La vivienda mantenía deudas en el pago de cuotas y no registraba movimientos de consumos en servicios.

Inspecciones, informes y señales de abandono

Las inspecciones realizadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) fueron determinantes. Los relevamientos técnicos describieron un inmueble deshabitado, con signos visibles de abandono y sin mantenimiento sostenido en el tiempo.

A esos informes se sumaron registros de la Cooperativa de Electricidad local. Según los datos incorporados al expediente, el suministro había sido suspendido por falta de pago y no se registraban consumos eléctricos desde hacía varios años.

El cuadro se completaba con otro incumplimiento clave: la falta de pago de las cuotas correspondientes al plan habitacional. Esa situación implicaba no solo una deuda económica, sino también una violación de las condiciones establecidas al momento de la adjudicación.

La Justicia de Rio Negro avanzó en la demanda presentada por el Instituto.

Intimaciones y una adjudicación que quedó sin efecto

Frente a ese escenario, el organismo provincial avanzó con intimaciones formales para que la entidad adjudicataria regularizara la situación. Se exigió tanto la ocupación efectiva de la vivienda como el pago de la deuda acumulada.

Sin embargo, las respuestas no modificaron el estado del inmueble. Ante la persistencia del incumplimiento, el IPPV resolvió dejar sin efecto la adjudicación, una decisión que fue publicada en el Boletín Oficial y que no recibió impugnaciones.

Posteriormente, se intimó a la restitución voluntaria de la vivienda. Al no concretarse esa devolución, el organismo inició una acción judicial específica para recuperar el inmueble, en el marco de la normativa vigente.

El planteo de la defensa y el alcance del proceso

Durante el proceso judicial intervino la Defensa Oficial en representación de la asociación involucrada. Entre sus argumentos, cuestionó la validez de las notificaciones realizadas durante el trámite administrativo previo.

Además, planteó la posibilidad de que existieran terceros con derechos sobre la vivienda y objetó el procedimiento que culminó con la desadjudicación. Estos puntos fueron analizados en el expediente por el juez interviniente.

El magistrado recordó que este tipo de procesos tiene un alcance limitado. No se trata de revisar integralmente la actuación administrativa, sino de verificar si el Estado cumplió con los requisitos legales para recuperar el inmueble.

La sentencia ordenó la restitución en cinco días y autoriza el uso de la fuerza pública de ser necesario.

La decisión judicial y los fundamentos del fallo

En el análisis, el juez valoró distintos elementos: la adjudicación original, las inspecciones que acreditaron la falta de ocupación, la suspensión del servicio eléctrico y la deuda acumulada por las cuotas del plan.

También tuvo en cuenta las intimaciones cursadas por el IPPV y la resolución administrativa que dejó sin efecto la adjudicación. Ese acto, clave en el proceso, había quedado firme al no ser recurrido por la parte involucrada.

Con esos antecedentes, la sentencia concluyó que estaban cumplidos los requisitos previstos por la Ley A 2629. Además, señaló que la defensa no logró desvirtuar los elementos reunidos por la administración provincial.

Finalmente, el fallo hizo lugar a la demanda y ordenó la restitución de la vivienda al Estado dentro de los cinco días una vez firme la sentencia. También habilitó el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

La resolución aclaró que este procedimiento no impide que se inicien otras acciones judiciales para discutir la legalidad de la desadjudicación o eventuales reclamos. Mientras tanto, el inmueble vuelve a estar disponible para cumplir su función social.