Jones Huala en aislamiento absoluto, incomunicado y con frío: la dura denuncia de su abogado

La defensa de Facundo Jones Huala, autoproclamado líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 90 días en la cárcel federal de Rawson, en Chubut, adonde fue trasladado ser detenido durante los primeros de junio en la localidad de El Bolsón. En las últimas horas, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca para revertir la preventiva que dictó el juez federal subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani. Su abogado Gustavo Franquet argumentó que existieron múltiples irregularidades en el proceso.

Según precisó el defensor del líder mapuche, se trata de una detención sin orden judicial, que recién se habría autorizado cuatro horas después del operativo. Sin embargo, el magistrado rechazó el intento de recusación por considerar que se presentó fuera de plazo. Aun así, la apelación al fallo principal sigue su curso. La presentación quedó incorporada como un incidente dentro del expediente, que ahora será evaluado por la Cámara.

La captura de Jones Huala ocurrió en El Bolsón, cuando bajó de un colectivo proveniente de Bariloche. La Policía Federal actuó con rapidez luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, que lo acusó de apología del crimen, asociación ilícita agravada e intimidación pública.

La denuncia se fundamentó en un video donde el referente mapuche justificó acciones violentas, como incendios y sabotajes, durante la presentación de su libro “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”.

Las condiciones de detención de Jones Huala

Tras la detención, Jones Huala fue trasladado a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, Chubut, donde permanece desde hace varios días. Según su abogado, el lonko se encuentra en “aislamiento absoluto”, sin pabellón asignado, mal alimentado, con frío y sin acceso a ropa ni víveres.

Franquet denunció que el personal penitenciario retuvo los elementos que intentaron entregarle y que la orden de aislamiento total provino directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

jones huala

La defensa de Jones Huala acusa tortura en una cárcel federal por su estado de detención.

“El encierro en esas condiciones representa una forma de tortura”, declaró Franquet, quien también aseguró que su defendido no cuenta con condiciones mínimas para una detención digna. El abogado forma parte de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, organismo que ha representado históricamente a referentes de organizaciones sociales y territoriales en conflicto con el Estado.

El estado de detención actual se vincula con la denuncia original, que generó una rápida reacción de la cartera que dirige Patricia Bullrich. Antes de que se emitiera la orden de captura, la propia ministra ya había comunicado por redes sociales la detención de Jones Huala, lo cual reforzó el planteo de la defensa sobre la falta de garantías procesales.

Un caso con impacto político y territorial

El arresto de Jones Huala volvió a activar tensiones entre el Gobierno nacional y diversos sectores sociales y políticos que denuncian persecución ideológica y criminalización de la protesta. El líder mapuche, conocido por encabezar la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), carga con múltiples causas en Argentina y Chile, donde también enfrentó procesos judiciales y penas de prisión.

Su detención actual, motivada por expresiones públicas que justifican el uso de la violencia como forma de lucha, reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el tratamiento penal de los conflictos territoriales. Desde la defensa se sostiene que el procedimiento violó derechos elementales y que la prisión preventiva resulta desproporcionada en este contexto.

El juez Andreani aceptó el planteo de los fiscales federales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo, quienes reclamaron una investigación amplia, con un plazo de 180 días. En paralelo, la defensa buscará revertir la medida en la audiencia de revisión que se realizará ante la Cámara de Apelaciones, donde se debatirá la validez de las pruebas, el procedimiento de detención y las condiciones actuales de encierro.

Mientras tanto, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos siguen el caso con atención, alertando sobre el riesgo de que el sistema penal se utilice con fines políticos en contextos de alta conflictividad territorial.