Fue a agredir a su ex, lo golpearon y terminó demandando: qué resolvió la Justicia

Un episodio de violencia ocurrido años atrás volvió a escena en los tribunales civiles de General Roca, donde se resolvió una demanda por daños y perjuicios iniciada por un hombre que resultó lesionado tras presentarse en la casa de su expareja.

El caso no fue analizado como un hecho aislado. La historia entre ambos estaba atravesada por conflictos previos y denuncias por violencia de género, con medidas judiciales vigentes que restringían el acercamiento del hombre hacia la mujer.

Según se reconstruyó en el expediente, el demandante llegó al domicilio de su ex en un contexto de tensión. La mujer ya había recurrido a la Justicia en otras oportunidades, lo que configuraba un escenario de riesgo reconocido.

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La intervención de la pareja actual

En ese momento, intervino la actual pareja de la mujer. Su accionar tuvo como objetivo frenar la agresión y resguardar la integridad de la víctima. Sin embargo, el enfrentamiento derivó en lesiones físicas para el hombre que había irrumpido en el lugar.

Ese episodio dio origen, tiempo después, a una demanda civil. El hombre reclamó una indemnización por los daños sufridos, incluyendo secuelas físicas, afectación psicológica y gastos derivados de su atención médica.

La acción judicial fue dirigida tanto contra su expareja como contra la pareja de ella, a quienes responsabilizó por las consecuencias del hecho. El planteo abrió un debate sobre los límites de la legítima defensa.

El análisis con perspectiva de género

La jueza interviniente resolvió el caso incorporando perspectiva de género, un criterio que consideró clave para interpretar lo sucedido. En ese sentido, valoró especialmente los antecedentes de violencia denunciados por la mujer.

El fallo subrayó que, en situaciones de este tipo, los hechos no pueden analizarse de manera fragmentada. Por el contrario, deben contemplarse como parte de un proceso de violencia que se desarrolla en el tiempo.

La sentencia recordó que los magistrados tienen la obligación de aplicar estándares nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres, evitando interpretaciones que desconozcan ese contexto.

En esa línea, se destacó que la existencia de medidas de restricción vigentes constituía un elemento central para comprender la situación de riesgo al momento del hecho.

Legítima defensa y exceso en la respuesta

El fallo concluyó que la intervención de la pareja actual de la mujer estuvo motivada por la necesidad de protegerla frente a una agresión concreta. Por ello, reconoció que actuó en legítima defensa de un tercero.

No obstante, la resolución también determinó que la reacción excedió los límites de proporcionalidad. Según la valoración judicial, algunos de los golpes aplicados superaron lo necesario para neutralizar la amenaza.

A partir de ese análisis, la jueza atribuyó al demandado un 30% de responsabilidad civil en el hecho, lo que derivó en una condena parcial en su contra.

Rechazo de la demanda contra la mujer

En cuanto a la expareja del demandante, la Justicia rechazó completamente la demanda. El fallo consideró que no existían elementos para atribuirle responsabilidad en las lesiones sufridas por el hombre.

Además, la sentencia hizo hincapié en la necesidad de evitar estereotipos al momento de juzgar este tipo de casos, especialmente aquellos que puedan afectar a mujeres que han denunciado situaciones de violencia.

El pronunciamiento remarcó que la evaluación de los hechos debe ajustarse a los estándares de protección vigentes, garantizando una mirada integral que contemple las desigualdades estructurales.

Indemnización parcial y alcance del fallo

Como consecuencia de la decisión, la pareja actual de la mujer fue condenada a abonar una indemnización parcial. La misma incluye conceptos por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos.