El escándalo judicial por las armas de fuego desaparecidas sumó otra polémica
A las 100 armas de fuego que desaparecieron del depósito de la Ciudad Judicial se sumaron otras cinco, que estaban guardadas en un lugar prohibido.
El escándalo por la desaparición de armas secuestradas por el Poder Judicial no para de crecer. La investigación interna determinó que la falla en la cadena de custodia solo ocurrió en Roca, pero también reveló un nuevo faltante. A las 100 armas desaparecidas del depósito se sumaron otras, que estaban en la oficina de una Fiscalía.
Desaparecieron cinco pistolas que se encontraban en la sede de una fiscalía, dentro del mismo complejo del Poder Judicial de Río Negro, lo que representa un agravante a la desaparición original: existía una prohibición tajante a guardar elementos secuestrados en las oficinas de la Fiscalía.
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A partir de la confirmación del faltante, se sumó el caso a la investigación para determinar cómo se retiraron las armas. La "nueva" desaparición de armamento tendría consecuencias para el titular de la Fiscalía incluso si no estuvo involucrado en la maniobra ya que había una prohibición de guardar elementos secuestrados en las oficinas.
Según confiaron fuentes judiciales, había una disposición interna dictada tiempo atrás por el fiscal general de la provincia, Fabricio Brogna, que prohibía explícitamente que guardar armas fuera de los depósitos establecidos por protocolo. Esa restricción se emitió antes de que estallara el escándalo.
La nueva desaparición ocurrió la Fiscalía 3 de Roca. El titular de ese organismo del Ministerio Público es Gastón Britos Rubiolo, quien reemplazó a Norma Reyes, quien estaba de licencia y renunció al cargo.
Ambos funcionarios están bajo la lupa para determinar cuándo se guardaron las cinco pistolas ignorando la restricción interna y cuándo desaparecieron. La renuncia de Reyes aún no fue aceptada.
La investigación pasó a Cipolletti
Mientras tanto, la investigación principal por el faltante de armas en el depósito del subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca continúa abierta y tuvo un cambio sustancial. La Fiscalía General determinó que el caso sea llevado adelante por fiscales de la Cuarta Circunscripción, con asiento en Cipolletti.
El faltante de armas se descubrió de manera casual. En un allanamiento policial se secuestraron varias armas de fuego, incluida una que figuraba como secuestrada, bajo custodia judicial.
El Ministerio Público realizó una denuncia penal que recayó en la fiscal jefe Teresa Giuffrida. En paralelo, la Justicia dio intervención a la Auditoría General, que determinó que entre los registros del Poder Judicial y lo que se observa dentro del depósito, hay 100 armas de diferencia.
Ahora, con el agregado de cinco armas de fuego desaparecidas de otra oficina de la Ciudad Judicial se determinó que no sean fiscales de Roca que investiguen a sus pares, sino funcionarios del Ministerio Público de Cipolletti.
Por el momento hay tres empleados de la Oficina Judicial de Roca separados de sus cargos. Son trabajadores que tenían a su cargo el ingreso y la preservación de elementos secuestrados en diversas causas judiciales. La investigación penal alcanza a dos de ellos, mientras que el tercero aparece bajo la lupa también en el proceso de auditoría interna. A ellos, en los próximos días podrían sumarse funcionarios y empleados de la Fiscalía 3 de General Roca.
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