Cambió de constructor en plena obra, ahora deberá indemnizar al primero

Un proyecto de ampliación de vivienda en Fernández Oro, que en principio avanzaba sin inconvenientes, terminó en un conflicto judicial que expone los riesgos de incumplir normas municipales y contratos profesionales.

Todo comenzó de manera habitual. El dueño de la vivienda decidió encarar una ampliación y contrató a un Maestro Mayor de Obras para llevar adelante el proyecto. El profesional elaboró los planos correspondientes, inició el visado municipal y avanzó con los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción. Según se desprende del expediente, el proceso se encontraba en su etapa final.

Sin embargo, la situación se desvió cuando el propietario optó por no esperar la aprobación formal. Decidió comenzar la obra por su cuenta, sin contar con el permiso municipal. Esa decisión derivó en una inspección por parte del área de obras privadas, que detectó irregularidades estructurales en la construcción: específicamente, dos vigas y una columna que no cumplían con las verificaciones técnicas requeridas.

Ante esta situación, el Municipio solicitó una revisión técnica para validar la seguridad de la obra. Pero el propietario se negó a asumir ese costo. Como consecuencia, el trámite administrativo quedó paralizado y el permiso, que estaba próximo a ser aprobado, nunca se emitió.

ECP FERNANDEZ ORO (60)

El caso tuvo resolución del Juzgado de Paz de Fernández Oro.

Estefania Petrella

Cambio de profesional sin notificación

Lejos de encauzar la situación, el conflicto escaló. En diciembre de 2024, el propietario decidió contratar a otro Maestro Mayor de Obras, sin notificar ni rescindir formalmente el vínculo con el primero. El profesional desplazado tomó conocimiento de esta decisión meses después, a partir de una comunicación oficial del municipio en la que se mencionaba un nuevo permiso firmado por otro técnico.

Para ese momento, el segundo profesional ya había avanzado en el proyecto, utilizando como base los planos elaborados por su colega anterior. Este dato resultó clave en el proceso judicial posterior.

El primer técnico, al advertir lo sucedido, inició un reclamo. Primero lo hizo mediante carta documento y, ante la falta de acuerdo, llevó el caso al Juzgado de Paz.

La defensa del propietario

Durante la audiencia, no hubo posibilidad de conciliación. El propietario rechazó la demanda y sostuvo que no adeudaba ningún pago. Argumentó que el incumplimiento había sido del profesional, a quien responsabilizó por demoras en la entrega del trabajo. Según su versión, esos retrasos lo obligaron a buscar una alternativa para continuar con la obra.

Sin embargo, los elementos analizados por el juzgado ofrecieron otra interpretación de los hechos.

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El propietario fue condenado a pagar por la parte del trabajo efectivamente realizada, incluyendo la elaboración de planos y gestiones administrativas.

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Pruebas y testimonios clave

Uno de los puntos determinantes fue el informe de la Municipalidad, que confirmó que el trámite iniciado por el primer profesional estaba en su etapa final al momento de la interrupción. Esto contradijo el argumento de demoras sustanciales.

A su vez, el segundo Maestro Mayor de Obras declaró como testigo y reconoció que tomó como referencia los planos originales para continuar con el proyecto. Este reconocimiento reforzó la idea de que el trabajo inicial había sido efectivamente realizado y resultó útil para la obra.

Otro elemento central fueron los mensajes de WhatsApp presentados por el propio propietario. En esas conversaciones quedó registrado que el técnico le había advertido sobre los riesgos de construir sin el permiso correspondiente, anticipando posibles inconvenientes legales y técnicos.

El fallo y el principio de buena fe

El juzgado también hizo foco en un aspecto formal del conflicto: la rescisión del contrato. De acuerdo con el Código Civil y Comercial, para dar por finalizado un vínculo contractual por incumplimiento es necesario notificar a la otra parte y otorgarle la posibilidad de corregir o cumplir con lo pactado.

En este caso, el propietario no realizó ninguna notificación. Simplemente optó por contratar a otro profesional. La sentencia consideró que esta conducta vulneró el principio de buena fe contractual, que rige las relaciones entre las partes.

Finalmente, el Juzgado de Paz hizo lugar a la demanda del técnico. El propietario fue condenado a pagar por la parte del trabajo efectivamente realizada, incluyendo la elaboración de planos y gestiones administrativas. También deberá cubrir gastos adicionales no contemplados en el presupuesto original y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la rescisión abrupta del contrato.