Acusó a su mamá y al padrastro de agredirla hasta dejarla "atontada": Qué resolvió la Justicia

Una joven acusó a su propia madre y al padrastro por violencia familiar, una conducta establecida en la Ley 3040. Según aseveró en la denuncia formulada el 31 de julio último en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, su progenitora y la pareja, no solo la sometieron a malos tratos, sino también recibió golpes.

Precisó que el 30 de julio, el día antes de la presentación, tuvo una discusión con la mamá, quien la agredió físicamente. Pero además en el ataque habría intervenido el hombre, y que como consecuencia ella quedó “atontada”. En su declaración, aseguró que también recibió insultos y “amenazas de autoagresiones de parte” de la madre.

Luego del incidente dijo que se retiró del domicilio familiar y actualmente se encuentra alojada en la casa de la familia de su novio, que está ubicada a unos metros de la vivienda de su madre. Con esos argumentos pidió que dictaran medidas de protección.

En riesgo potencial

El expediente fue elevado a la Justicia de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo advirtió que “de continuar con el estado de cosas tal cual se encuentran” la hija “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Por esa razón le concedió una serie de pautas para su resguardo que los acusados deberán acatar por 90 días. En ese lapso se deberán evaluar los antecedentes en el fuero de Familia, donde continuará la tramitación del caso.

La resolución, acompañada con la firma del abogado Mariano Larrasolo, el secretario Letrado, establece en primer lugar que la pareja tiene prohibido acercarse a la chica, tanto en forma personal como a su lugar de residencia, “a una distancia prudencial”. Asimismo, deben evitar todo contacto con ella también en los lugares en que se encuentre o transite, sean públicos o privados.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos recibió la denuncia formulada por una mujer en contra de un adolescente, compañero de escuela de su hijo.

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La restricción alcanza también llamadas telefónicas, mensajes de texto y las redes sociales. No la deben buscar. Les advirtieron que en caso de incumplimientos se les iniciará una causa penal por desobediencia judicial con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Ambos acusados, además, tendrán que someterse “de manera obligatoria” a tratamientos psicoterapéuticos que contengan programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar, con el objetivo de “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Le indicó que deben ir “de manera inmediata” a Salud Mental del Hospital local u otro Centro de Salud de similares características u otra entidad que trabaje sobre la problemática planteada.

Para la víctima también le indicó asistencia médica o psicológica en el sistema público de salud o por organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar. También le sugirió el hospital local.

La intervención judicial no termina allí, dado que el magistrado también dispuso poner en conocimiento las actuaciones al Juzgado de Familia de turno, donde deberán continuar el trámite de acuerdo a lo que establece la Ley 3040. En esa instancia deberán contar con el acompañamiento de un abogado particular o en caso de no contar con recursos podrán requerir la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.