Provincia será querellante en la causa por defraudación al Ipross

La jueza de Garantías de Roca Natalia González hizo lugar este miércoles a la participación de la Fiscalía de Estado de Río Negro como parte querellante en la investigación penal por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la obra social Ipross por parte de un grupo de farmacéuticos.

La jueza Natalia González admitió este miércoles la participación de la Fiscalía de Estado de Río Negro como parte querellante en la investigación penal por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la obra social Ipross por parte de un grupo de farmacéuticos.

La fiscalía había admitido la incorporación de los abogados rionegrinos de Estado como parte acusadora privada en el proceso, que se encuentra en etapa de investigación preliminar. En tanto que las defensas se opusieron a esa constitución en querellante, expresando sus argumentos en la audiencia realizada desde las 9 de hoy en la Ciudad Judicial.

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Tras analizar los planteos de cada parte, la jueza aceptó la intervención de la Fiscalía de Estado, organismo que por mandato constitucional tiene como misión salvaguardar el patrimonio del Estado.

El 5 de junio, y por pedido expreso del titular del Ipross, Claudio Di Tella, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, instruyó al Fiscal de Estado para que se constituya como querellante en la causa penal iniciada por una denuncia del Colegio de Farmacéuticos.

En otra instancia de la audiencia, González convalidó el allanamiento y secuestro de computadoras realizado semanas atrás en la sede del Colegio de Farmacéuticos en Roca. Esa medida había sido objetada de nulidad por parte de la defensora particular de un grupo de imputados, Patricia Espeche.

Por último, la magistrada dictó un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para resolver sobre una una serie de medidas cautelares solicitadas por la parte querellante, con adhesión de la fiscalía, respecto de las personas imputadas que se encontraban presentes en la audiencia.

El caso

Conforme los resultados de una auditoria realizada por la actual comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos (que diera origen a la denuncia penal), el doble sistema informativo de validación y control de los consumos de medicamentos de los 150 mil afiliados del Ipross habría dado lugar a maniobras de personas dentro del Colegio que, en asociación con titulares de un grupo de farmacias, habrían permitido la facturación de medicamentos no vendidos.

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