Providas denunciaron a las médicas de Fernández Oro por el caso del aborto no realizado

Afirman que las médicas de ese nosocomio fueron el nexo con la clandestinidad luego de que Rodríguez Lastra niegue el aborto no punible a la joven violada y embarazada.

Grupos provida radicaron una denuncia penal contra dos profesionales del hospital de Fernández Oro, a quienes acusan de haber contactado a una joven violada con una organización feminista para que le proporcionaran medicamentos para que abortara.

La presentación en la fiscalía cipoleña es una de las primeras derivaciones del juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien fue declarado culpable por incumplimiento de sus deberes de funcionario público por haber obstruido al acceso a un aborto legal a la joven violada. El profesional podría recibir hasta dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer.

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Militantes de “pañuelos celestes”, entre ellos referentes de iglesias evangélicas de la ciudad, se presentaron ayer ante el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y presentaron una nota para denunciar penalmente a las profesionales que atendieron a la joven embarazada producto de una violación en el hospital de Fernández Oro. Aseguran que tras el juicio a Rodríguez Lastra quedó demostrado que la “derivaron a la clandestinidad”.

Según indicaron, dejaron una nota en la que denunciaban penalmente a dos profesionales del centro asistencial de Fernández Oro, ya que creen que quedó confirmado que fueron “ellas quienes derivaron a la joven a un centro clandestino” para abortar, en el que la víctima recibió pastillas de misoprostol.

“Pedimos que se investigue el accionar de las profesionales derivando a la mujer a un centro clandestino. Realizamos la urgente denuncia penal, porque entendemos que ellas fueron el nexo entre la víctima y la clandestinidad. Solicitamos que se investigue, porque ningún fiscal lo quiso hacer”, expresó Carina Salvatierra en diálogo con radio LU19.

Testigos clave

Las dos profesionales, cuyas identidades se mantienen bajo reserva porque aún no están imputadas por ningún delito, fueron testigos en el juicio contra Rodríguez Lastra.

Sus declaraciones fueron claves para la condena al médico, ya que entre otras cosas expusieron que el ginecólogo del hospital cipoleño no aceptó la derivación para la realización del aborto no punible y les exigió la realización de un informe psiquiátrico que el centro asistencial de Oro no tenía forma de realizar y que no está contemplado en la ley que regula el protocolo de acción en Salud para los casos de abortos a víctimas de violación..

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