Se puso de novia con un vecino de su mismo edificio, pero lo denunció por brutales amenazas

Una mujer inició un romance con un hombre que vive en su mismo edificio de departamentos. Sin embargo, el vínculo se deterioró y ella terminó denunciándolo por violencia de género en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, donde sucedieron los hechos.

En la presentación, en la que pidió medidas de resguardo, la hizo el miércoles 11 de febrero último y quedó enmarcada entre los lineamientos establecidos en la Ley Provincial 3040 (de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares) y el Código Procesal de Familia.

En su relato, detalló que con MAC -así lo identifican- comenzaron la relación hace siete meses y que al principio “iba todo bien”, hasta que en diciembre del año pasado hubo un quiebre, ya que comenzó a maltratarla por sus celos y sospechas de infidelidad, precisó.

Violencia de género: gravísimas amenazas

Precisó que le recriminaba que lo engañaba con otros hombres, ya que “según él, yo tenía actitudes inapropiadas con los mismos”.

“A raíz de todo esto, con el pasar del tiempo comenzó a etiquetarme con cosas que no eran así, ya que siempre tenía que tener plena disponibilidad para él independientemente de mi estado físico, emocional, sexual, etc”, agregó.

Sin embargo, la relación “iba empeorando, ya que cada vez iban pasando cosas con más frecuencias y sus actitudes eran más violentas entre gritos, empujones, forcejeos, rotura de elementos y amenazas”.

Pero además añadió que MAC le advirtió que iba a “sacarme del alquiler e interferir con la compra del inmueble”.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3

Sin embargo, aseveró que el reproche de mayor gravedad fue cuando le dijo que atentaría contra su salud.

Puntualmente sostuvo que la amenazó con “dejarme en terapia intensiva o en sillas de ruedas y que alguien me alimente a yogurt todos los días”, e involucró a sus hijos y familiares cercanos, a quienes aseveró que iba a lastimar.

Por si fuera poco, añadió que también le adelantó que iba a destruir su “reputación en la sociedad” y cerrarle “puertas de oportunidades tanto a mi como a mi hijo quien tiene capacidades diferentes”.

“Todo esto me lo dijo en la cara manifestándome que él no lo va a realizar nada, sino que va a mandar a terceros a que lo haga", subrayó la mujer.

"Señales de alarma"

El caso fue girado al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo detectó en los dichos de la mujer “indicadores de riesgo” consideradas “señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género”.

Ante ese diagnóstico sostuvo que justificaba adoptar medidas para proteger a la denunciante, y resaltó “las circunstancias particulares del caso” referidas a la cercanía de los domicilios particulares de ambos, dado que se encuentran ubicados “en un mismo edificio de propiedad horizontal”.

Aclaró el magistrado que la intervención era clave para evitar “el riesgo en que se encontraría inmersa la denunciante” y que resultaba conveniente tomarla hasta tanto se lleven a cabo los estudios y evaluación de los antecedentes de la causa. En este aspecto ordenó comunicar lo resuelto al Ministerio Público Fiscal por las amenazas y también al Juzgado de Familia de turno.

“Absoluto respeto” en el edificio

Entre las medidas para proteger a la mujer, Espejo le impuso a MAC la prohibición de acercamiento, pero como viven en el mismo edificio puntualizó que deberá mantener una “distancia prudencial” en los espacios comunes, como también en otros lugares públicos o privados.

El hombre tampoco tiene que producir incidentes agraviantes ni realizar actos molestos o de hostigamiento por ningún medio, como llamados telefónicos, mensajes de texto o a través de redes sociales.

Cinco Saltos centro

También le ordenó a MAC la realización, de manera obligatoria, de “tratamientos Psicoterapéuticos” para prevenir y erradicar sus “comportamientos violentos”. Para ello podrá recurrir al hospital público o un centro de salud similar.

A la chica también le indicó que reciba asistencia médica o psicológica en el sistema público.

Espejo definió que las medidas tendrán vigencia por un plazo de 90 días. Aclaró que en caso de incumplimientos el hombre será acusado de desobediencia a una orden judicial y deberá responder ante el Ministerio Público Fiscal.