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Otro revés judicial para Chiqui Forno: seguirá preso en Roca

El líder de la pandilla que aterrorizó la región entre 2015 y 2016 y cumple una condena de 33 años en la cárcel de Roca reclamó una serie de beneficios para estar más cerca de su hija menor, pero rechazaron el pedido.

El ex empleado judicial y líder de la denominada megabanda de boqueteros, José Chiqui Forno que cumple una condena de 33 años de encierro en la cárcel de General Roca, volvió a reclamar beneficios, esta vez para estrechar el vínculo con su hija adolescente que hace meses que no ve. Como a principios de 2021 cuando pidió la prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos menores y un tribunal se lo denegó, esta vez el Juzgado de Ejecución Penal local desestimó la solicitud para visitar a la joven en su domicilio de Cipolletti.

Pero no fue el único revés que recibió Forno en el mismo trámite presentado en una audiencia realizada dos días antes de la última navidad, porque su abogado defensor, Miguel Ángel Zeballos Diaz también solicitó que lo llevaran cada 15 días al Penal 5 de Cipolletti o que lo trasladaran definitivamente a ese establecimiento para que la chica pudiera ir a visitarlo dada la cercanía.

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Sin embargo, ambos planteos fueron rechazados por Lucas Lizzi, juez de Ejecución, y lo fundamentó en el dictamen negativo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) en el caso de la visita domiciliaria. Agregó que también el informe psicológico era desfavorable, el que “no se puede pasar por alto y debe meritarse” puntualizó, dado que certifica que Forno padece “trastorno de personalidad, no tiene empatía, no hay sentimiento de culpa”, a lo que incluyó que “factores externos que pueden contribuir al comportamiento delictivo, como entorno social y cultural”.

En cuanto a su traslado al Penal cipoleño, el magistrado aclaró que es el SPP el que dispone donde se alojan los presos, por lo que el defensor deberá exponerlo a la dirección de ese organismo carcelario.

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El ex empleado judicial recibió otro revés y deberá permanecer preso en la cárcel de Roca.

El ex empleado judicial recibió otro revés y deberá permanecer preso en la cárcel de Roca.

La fiscal Adjunta Ivana Vassellati también había manifestado su negativa a las demandadas Forno. Destacó también el dictamen del SPP, que si bien no es vinculante, consideró que estaba fundado. Puntualizó asimismo que el informe social efectuado a la familia del preso determinó que tiene dos hijos mayores (de 18 y 19 años) que pueden acompañar a la menor al penal, además de poseer una “red familiar más amplia” que también la podrían asistir.

Sin visitas en Roca

El abogado Zeballos Diaz expresó que “promover vínculos familiares es beneficioso para la persona privada de libertad, ayuda a la reinserción social”. Lo sabe porque él también estuvo preso e inició la carrera universitaria tras las rejas. Fue el argumento central para pedirle al juez que desestime el informe del Consejo Correccional y acceda al requerimiento, atento a que no es vinculante.

Sostuvo que en Roca, el condenado no recibe visitas “hace ocho meses” y reiteró que “es propicio tener el régimen de comunicación” que “ayuda a la reinserción social”.

Forno no evitó manifestar su contrariedad por la decisión judicial y la postura asumida por la Fiscalía. Recordó que cuando su hija cumplió 15 años le habían otorgado una visita domiciliaria, pero a último momento lo desautorizaron. Cuestionó también la sugerencia de que la joven lo visite acompañada por sus hermanos mayores, a lo que aclaró que “no son tan mayores”.

“Hacerse responsables de traer a otro menor no es tan aconsejable”, advirtió.

Zeballos Díaz agregó que cuando suspendieron la visita domiciliaria desde el SPP se esgrimió que “podría haber tentativa de fuga”, pero que no fue fundamentado.

El profesional lamentó que “nunca dará favorable ninguna informe para ver a su familia” y resaltó que no pudo ver a su madre cuando falleció y tampoco al cumpleaños de 15 de su hija.

De empleado judicial a delincuente de peso

Forno había ingresado a trabajar en el Poder Judicial. Ostentaba un rango similar al de jefe de despacho, pero su esencia lo llegó a alterar oficios con el fin de que otras personas realicen cobros en bancos de la ciudad. Sin embargo lo descubrieron y lo condenaron a seis años de cárcel por defraudación a la administración pública. En una investigación posterior lo identificaron como uno de los líderes de una banda que entre 2015 y 2016 cometió al menos 19 golpes entre entraderas, boquetes y robos a departamentos. Entonces le totalizaron una pena de 33 años.

En cuanto a sus compañeros de andanzas, también recibieron castigos de entre 10 y 20 años de encierro.

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