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No avanza el diálogo por la toma y la Muni no se mete

El proceso está frenado y el último asentamiento se consolida.

La toma masiva en cercanías del barrio Anai Mapu sigue el camino de la consolidación sobre terrenos privados que iban a ser adquiridos por el Municipio. Se produjo el 18 de octubre y cada día que pasa se afirma un poco más en la zona.

Los nueve imputados concurrieron el viernes 27 a una audiencia de conciliación, pero no se presentó nadie que representara a la Defensoría de Menores ni al Ejecutivo municipal, aunque habían sido convocados. La jueza que interviene en el caso, Sonia Martin, tenía la expectativa de resolver este conflicto antes de fin de año.

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Además de los ausentes, la magistrada tampoco tenía el informe del relevamiento que se realizó en la ocupación a requerimiento de la fiscalía, por lo que fijó una nueva audiencia para el miércoles 8. El Municipio luego difundió los datos: hay 257 familias.

"La jueza ordenó que la Municipalidad se presente, porque no lo hizo. Tampoco se presentó la defensora de menores, ya que tenía que asistir a una Cámara Gesell, ni tenían el informe de las asistentes sociales. Pero el 8 de enero tienen que ir con el relevamiento", informaron algunos imputados tras la audiencia frustrada.

Desde el Ejecutivo municipal aclararon que no es que no quieran ser parte, aunque intentan mantenerse al margen. "Hay una ocupación, y el propietario interpone la demanda. Es un conflicto entre actores privados en una instancia penal. La Municipalidad no puede intervenir en este momento", indicaron fuentes oficiales.

Sin embargo, esas tierras iban a ser adquiridas por el Estado para hacer espacios verdes y un loteo social. "La ocupación modificó la situación y ahora el Municipio prefiere esperar a que el conflicto se resuelva (por la vía judicial)", reiteraron.

En cuanto al relevamiento, los ocupantes manifestaron que dejaron ingresar a las asistentes sociales del Municipio para que realicen un censo. Dicen que son más de 200 familias y que les preguntaron por el DNI del grupo familiar y si tienen trabajo o algún ingreso.

Fuentes oficiales del Ejecutivo comentaron que el relevamiento concluyó, están todos los datos, pero aún no fueron cargados. "Ahora empieza la sistematización", agregaron.

Tal vez por eso no fue presentado el informe a la jueza que interviene en el conflicto, en busca de una solución. Mientras tanto, los vecinos están dispuestos a seguir en el lugar hasta llegar a un acuerdo. "Queremos arreglar de alguna manera, que se regularice la toma. La gente sigue avanzando con sus casas, construyendo", concluyeron los imputados.

Por la fiscalía está Matías Stiep, y la familia Obreque, propietaria de los terrenos ocupados, se constituyó en querellante.

--> El loteo social que quedó trunco

Cuando se produjo la toma, el Municipio tenía encaminada la compra de las tierras para realizar loteos sociales y un espacio verde para las familias que habitan la zona norte. El predio está comprendido en las hectáreas que se sumarán a la planta urbana de la ciudad, cerca de tomas que serán expropiadas. Sin embargo, había diálogo directo entre la gestión de Tortoriello y los dueños, y el precio se había fijado de común acuerdo. El plan quedó trunco.

--> Los actores de la mediación

En Tribunales. Los propietarios de las tierras denunciaron a las familias por usurpación, por lo que las dos partes forman parte de la mesa de negociación. También participan la Fiscalía y la Defensoría de Menores.

La postura de la comuna. El Municipio fue convocado por la jueza Sonia Martín, pero intenta mantenerse al margen. Según afirmaron, se trata de un conflicto entre privados en el fuero Penal, por lo que no les corresponde participar.

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