Lo echaron por violento y le dieron la casa a su pareja, con custodia policial

Una vecina de Cipolletti denunció a su pareja por hechos de violencia de género y pidió que lo excluyeran del hogar y le entregaran la casa a ella, disposición prevista en la Ley 3040.

La acusación la formuló en una presentación realizada el último lunes 9 de marzo y ante la gravedad de lo relatado la jueza de Familia Marissa Palacios accedió al requerimiento de la mujer, entre otras medidas para resguardarla.

La magistrada sostuvo que en su testimonio “se evidencia la conducta de permanente hostigamiento y violencia, en un marco de desigualdad y superioridad, proferida por el Sr GCD” -como lo identifican- en contra de la víctima, quién “se encuentra en total situación de vulnerabilidad”.

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Palacios sostuvo que acatando la aplicación de la normativa “constitucional-convencional, debo dar adecuada protección y efectuar acciones positivas a los efectos que las mujeres puedan llevar adelante una vida libre de violencia; propendiendo al real ejercicio de sus derechos; y, tendiendo a disminuir las desigualdades estructurales existentes en nuestra sociedad”.

Mencionó que el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, a la que adhiere el Estado Argentino, obliga a “tomar medidas de protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y a hacerlas cumplir con todos los medios a su alcance”.

Consigna policial en su casa de Cipolletti

La resolución de la jueza Palacios dispuso en primer lugar excluir del hogar al denunciado y reintegrar la vivienda a la mujer, tal como lo había requerido, ese mismo lunes. La medida, que es por 90 días, aunque se puede prorrogar, establece además la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio. Tampoco debe provocar incidentes, agravios, actos molestos o de hostigamiento ya sea en forma personal o través de llamados telefónicos, mensajes de texto o por redes sociales.

La magistrada encomendó a un Oficial de Justicia constituirse en la propiedad acompañado por la Policía y comunicarle a GCD que se tiene que retirar “en forma inmediata” y solo podía sacar sus efectos personales.

ECP POLICIAS (170)

Para ello debía coordinar con la mujer para que no esté presente en durante la diligencia para “garantizar su integridad psico-física”.

También le ordenó al funcionario que en caso de que el hombre no se retire en la forma indicada, debía “proceder a excluirlo en la forma de estilo, quedando autorizado a requerir el auxilio de la fuerza pública, a allanar domicilio” y “hacer uso de los servicios de cerrajero solo en el caso de que sea estrictamente necesario”.

La jueza también dispuso asignar una custodia policial en el inmueble por el plazo de 15 días.

Condiciones para volver

Las medidas dispuestas contra GCD son de carácter provisorio por el término de 90 días que se pueden prorrogar. Pero también estarán en vigencia hasta tanto el acusado acredite que realizó un tratamiento para “revertir actos de violencia”, como se le ordenó.

Le sugirieron tramitarlo en Ruca Quimei –el programa del municipio de Cipolletti que brinda asistencia, capacitación y prevención sobre violencia de género- u otro establecimiento similar que aborde la temática de conductas violentas. “Acreditado que sea en el expediente el cumplimiento del tratamiento que se disponga, y su resultado beneficioso se podrá solicitar el levantamiento de la medida restrictiva”, aclara el documento judicial.

De todos modos, le aclaran que las medidas fijadas son obligatorias y en caso de incumplimientos, le advierten que le darán intervención al Ministerio Público Fiscal para que inicie un expediente por el delito de “desobediencia a la autoridad”.