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Las inmobiliarias presionan por el descongelamiento de alquileres

Nación podría extender el decreto que prohíbe desalojos y aplicar las subas de los alquileres. Empresarios se quejan e inquilinos piden que se extienda.

El sector inmobiliario local volvió a reclamar el fin del decreto nacional 320 que dispuso, a fines de marzo de 2020, el congelamiento de los alquileres y de los desalojos por los efectos de la pandemia. La norma fue prorrogada en septiembre y su vigencia concluye a fin de mes. Los inquilinos, por su parte, consideran imprescindible que la protección contra desalojos se extienda debido al impacto económico que sufrió el sector durante la pandemia y las deudas que acarrean quienes alquilan sus viviendas.

Hay versiones de que el gobierno del presidente Alberto Fernández volvería a extender, al menos por todo febrero, los alcances de la disposición, pero todavía no está claro si se introducirían algunas modificaciones. Las organizaciones de inquilinos reclaman un mayor plazo, dada la alta morosidad que hay en los pagos por los problemas económicos del país.

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En la ciudad, como en toda la Argentina, el asunto genera mucha atención entre los directamente involucrados. En el caso de los inmobiliarios, no quieren saber nada más del decreto y esperan que se caiga definitivamente. Así lo espera el empresario cipoleño Fernando Meléndez, quien, sin embargo, acotó que, si el gobierno persiste en su decisión, al menos debería procurar algunos cambios y flexibilizaciones, que permitan equilibrar el panorama.

Indicó que lo mejor sería que caduque el decreto y se procuren otras medidas, más relacionadas con la reactivación económica general y que repercutan en beneficio de todos los sectores. "Se la agarran con las inmobiliarias, que es un rubro más de la actividad comercial y eso no está bien", enfatizó y dijo que el congelamiento "claramente" ha traído inconvenientes y no mejoras.

Los inquilinos, en la vereda de enfrente, consideran que el decreto no resuelve la crítica situación del sector, pero de igual forma es imprescindible. A raíz del impago económico de la cuarentena, la mitad de los inquilinos rionegrinos tiene atrasos en el alquiler y podrían ser desalojados si se cae el decreto. El reclamo del sector es un programa de desendeudamiento para todos los inquilinos que deben alquileres, expensas y servicios por el impacto de la cuarentena.

Hay propietarios que ya están decididos no volver a alquilar a quienes se han atrasado demasiado en sus pagos y por el deterioro de las relaciones entre las partes, en momentos en que la alta inflación afecta a todos por igual y lo que prevalece es la "incertidumbre". Además, muchos han optado por subir los montos tanto para renovar alquilares como para quienes andan buscando un lugar para vivir.

Meléndez sostuvo que con la normativa, en lugar de una solución, lo que se está haciendo es promover "un conflicto social" de proporciones, por las dificultades y distorsiones que se están introduciendo en el mercado.

Por su lado, el empresario Florentino Soules también se manifestó en contra de una nueva prórroga al congelamiento y fue categórico en cuanto a que en el gobierno nacional "no saben qué quieren hacer. Se les desmadró todo y no es la única vez".

El decreto "no ha tenido efectos positivos", aseguró y sostuvo que una restricción como la que está aplicando el Estado solamente ocasiona problemas para el funcionamiento del mercado, que "sabe caminar solo, por su propia naturaleza", sin necesidad de intervención. Por tal motivo, "se deben evitar estas distorsiones", resaltó y agregó que la administración nacional debería "mejor sentarse a buscar soluciones", como impulsar medidas para que se pueda construir más y se amplíe la oferta habitacional, tanto para comprar como para alquilar.

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