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Landriscini propone proteger las tierras impidiendo la venta a extranjeros

La diputada nacional cipoleña Graciela Landriscini propone derogar un decreto de Cambiemos que flexibilizó la venta de tierras rurales.

Argentina es el octavo país del mundo en cantidad de hectáreas de tierra rural, lo que representa casi el noventa y seis por ciento (96%) de su superficie. En 2011, la ley 26.737 puso en vigencia el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales para controlar la venta y extranjerización de este recurso. Luego, la gestión del ex presidente Mauricio Macri aprobó en 2016 el Decreto 820 que modificó estos requisitos, con el objetivo de “favorecer la inversión extranjera”, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces.

Por ese motivo, la diputada nacional rionegrina, Graciela Landriscini (FdT), presentó en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca derogar el citado Decreto.

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Landriscini señaló que “esta Ley se aprobó para proteger la soberanía de los bienes naturales del país, considerando a la tierra rural como un recurso estratégico no renovable y buscando evitar su mercantilización y extranjerización. Con ese objetivo se dispuso en 2011 una rigurosa reglamentación que el Decreto de Cambiemos flexibilizó”.

Entre los considerandos del proyecto presentado se argumenta que “la novedad de la Ley de tierras rurales consistía en correr el velo jurídico de las sociedades, permitiendo el análisis de la composición accionaria de las empresas, así como los capitales que las controlan”. Entre las principales disposiciones, señala que “la Ley establecía que los extranjeros que quisieran adquirir tierras rurales debían tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras y además fijaba un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial. También disponía un límite máximo de 1000 hectáreas por titular en zona núcleo (conjunto de distritos) y sus equivalencias en el resto de las provincias; la prohibición de adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes; y estableció estrictos controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros”.

En este sentido, el proyecto presentado por Landriscini busca derogar los principales cambios que introdujo el Decreto sancionado durante el gobierno de Cambiemos,que permitió “la ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros, al considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica, mientras que en la anterior reglamentación era considerado a partir del veinticinco por ciento (25%); la eliminación de los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera y la AFIP, que se habían dispuesto para prevenir el posible lavado de activos o la elusión fiscal mediante la adquisición de tierras; y la eliminación del límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal en las zonas industriales, y de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la ley, entre otras flexibilizaciones”.

Landriscini destacó que “lo que buscamos con este proyecto es restablecer en su plenitud el espíritu de la Ley 26737 y las disposiciones que redundaron en la protección efectiva de los bienes naturales y de las comunidades que los habitan. La Ley fue un hito en la defensa de los recursos naturales y la soberanía territorial y el objetivo del Proyecto es recuperar la iniciativa estatal a los efectos de garantizar la protección de la tierra rural, sin afectar los derechos adquiridos ni alterar el espíritu de la Constitución Nacional”.

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