Entraderas, armas y víctimas atadas: condenan a 13 años a un integrante de la banda que aterrorizó al Alto Valle
Reconoció haber participado en ocho delitos como miembro de una asociación ilícita. La organización está acusada de cometer violentas entraderas en la región.
Uno de los integrantes de la organización criminal que protagonizó una serie de violentas entraderas en el Alto Valle fue condenado a 13 años de prisión efectiva. El hombre admitió haber participado en ocho hechos delictivos y recibió una pena única, luego de que la Justicia revocara una condena anterior en suspenso por haber reincidido.
La sentencia quedó firme tras un acuerdo de juicio abreviado, por lo que el condenado comenzará a cumplir la pena en los próximos días.
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Cómo actuaba la banda
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la asociación ilícita realizaba tareas de inteligencia antes de cada golpe para seleccionar las viviendas de sus víctimas.
Los delincuentes llegaban en vehículos previamente robados y, tras escalar paredones o ingresar por patios traseros, irrumpían de manera violenta en las casas.
Una vez dentro, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y las obligaban a revelar dónde guardaban dólares, dinero, joyas o cajas fuertes.
Además de llevarse efectivo, oro y dispositivos electrónicos, también robaban los equipos DVR que almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad para dificultar la investigación.
La condena
El juez de juicio Fernando Sánchez Freites, quien presidió el tribunal junto a Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
La pena de 13 años surge de unificar los 11 años de prisión por los delitos reconocidos con una condena previa de dos años de prisión condicional, que fue revocada porque el acusado volvió a delinquir.
Además, el tribunal declaró su reincidencia y le impuso el pago de las costas del proceso.
Una investigación que sigue abierta
La causa fue impulsada por la fiscal Belén Calarco junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
La investigación permitió identificar a una organización dedicada a cometer robos agravados, asociación ilícita y privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros delitos.
El trabajo estuvo a cargo de una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para esclarecer la seguidilla de hechos bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.
Hasta el momento hay 11 personas imputadas en el expediente. Los restantes acusados continúan con prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales en su contra.
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