La Justicia falló en contra de Sitramuci

Los trabajadores habían demandado al Municipio el pago de las diferencias entre el régimen nacional y el comunal de asignaciones familiares. El STJ ratificó la autonomía del Estado local en ese sentido.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó un fallo de la Cámara del Trabajo que denegó un pedido de empleados de la Municipalidad de Cipolletti para que se les abonen diferencias entre el régimen nacional y comunal de asignaciones familiares. La sentencia ratificó la autonomía municipal para crear su propio régimen.

Algunos empleados habían demandado al Municipio por diferencias en los montos de las asignaciones familiares percibidas, en comparación con lo fijado por el Estado nacional. Concretamente reclamaron compensaciones hasta el 2011. Sin embargo, la Cámara Laboral rechazó el pedido, entendiendo que es una atribución municipal.

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Luego, los trabajadores apelaron al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, asegurando que “se debe aplicar el régimen nacional de asignaciones familiares aprobado por Ley 24714 y no la ordenanza local que regula la materia para los empleados municipales, por considerar que corresponde al Congreso Nacional dictar leyes sobre seguridad social”.

Al contestar desde la Municipalidad de Cipolletti, esgrimieron que “en el ejercicio de la autonomía, no existen dudas que el Municipio puede crear su propio régimen de asignaciones familiares, sea dictando uno propio original o adhiriendo a otro creado por una norma nacional o provincial”.

Además de argumentos de rango constitucional, resaltaron que se firmaron acuerdos y recibieron solicitudes sindicales en “las que varios de los actores peticionaron la adhesión del Municipio al régimen provincial de asignaciones familiares”.

La Procuración General dictaminó que debía confirmarse el fallo de la Cámara Laboral. Argumentó que “resulta claro que el régimen de las asignaciones familiares reguladas en la Ley N° 24174 tienen su propio ámbito de aplicación, fijando de manera concreta quienes son sus destinatarios en tanto la misma dispone ‘se instituye con alcance nacional y obligatorio’ pero a determinada porción de trabajadores públicos -nacionales- y privados, excluyendo por lo tanto a los empleados/as públicos provinciales o municipales”.

El Superior Tribunal de Justicia coincidió con los argumentos de la Procuración y finalmente rechazó la demanda y confirmó la sentencia de la Cámara Laboral.

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