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El 44% de los inquilinos tiene deudas por el alquiler

La situación es crítica para las familias que alquilan viviendas. El decreto que los protege vence en enero.

La cantidad de inquilinos que no puede pagar el alquiler aumenta sin parar desde el inicio de la pandemia de coronavirus. En octubre la cifra subió un 4% y actualmente el 76,1% de los inquilinos de Río Negro adeuda además entre uno y tres meses de servicios. El decreto que prohíbe los desalojos fue extendido hasta enero.

"Desde que se inició la pandemia, todos los meses aumenta la curva de endeudamiento en materia de alquileres, y ahora sumamos un dato más: el 76,1% de los inquilinos debe entre uno y tres meses de servicios. En enero, finaliza el Decreto 320 (ahora 766), y hasta el momento no hay soluciones de fondo", señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.

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La organización reclama que se discutan planes de pago u otras modalidades para que los inquilinos afectados por la cuarentena afronten las deudas y advirtieron que puede haber una ola de juicios contra deudores y garantes.

La encuesta de noviembre detalló que el 44,51% de los inquilinos de Río Negro, no pudo pagar al menos una parte del alquiler, subiendo 4 puntos porcentuales respecto el mes de octubre. La Unión afirma que la situación obedece en forma directa al impacto de la crisis económica por el COVID-19.

Por otro lado, este dato se cruza con la gran cantidad de ingresos que absorbe el pago de los servicios: el 66% de los inquilinos e inquilinas destinan entre el 40% y el 100% de sus ingresos. Hay un 40% de inquilinos que se está endeudando en ambos rubros y el 76,1% tiene entre uno y tres meses de servicios impagos.

"Sostenemos que, sin extensión del Decreto, y sin política de desendeudamiento, vamos a tener un Enero de 2021 muy difícil. Necesitamos encontrar ya una respuesta para los inquilinos e inquilinas, y llevarles tranquilidad», aseguró Roberto Díaz"a la agencia ADN.

El 37,5% de los inquilinos afirmó en la encuesta mensual haber sufrido cortes en los servicios (generalmente como estrategia para desalojarlos), hostigamiento, o desalojos. Todo ello, ante la falta de controles y sanciones por parte del Estado, para que se garanticen los derechos constitucionales de acceso a la vivienda.

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