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Destituyeron a una jueza por maltratar a empleados

La jueza fue acusada de mal desempeño y maltrato. Aseguran que su trato era "abusivo, humillante y autoritario". La Magistratura la destituyó por mayoría.

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial decidió destituir del cargo de jueza de El Bolsón a Erika Fontela. Hubo coincidencia unánime en que existieron graves desarreglos de conducta, con situaciones de maltrato y mal desempeño de la función. Seis consejeros optaron por la pena de destitución de la jueza y dos por una suspensión de 60 días, el máximo plazo establecido por ley.

Inicialmente, los consejeros rechazaron los planteos previos de la Defensa, como la violación del plazo razonable y el principio de congruencia, por lo que debatieron la cuestión de fondo.

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Seis consejeros resaltaron en primera instancia que se trata de un juicio político y no jurisdiccional, “por lo tanto tiene en cuenta no solo la plataforma fáctica, sino otros componentes de resguardo de la institucionalidad”.

Asimismo, expresaron que “se fue desgastando la relación de la doctora Fontela con parte del personal del organismo a su cargo, en virtud de distintos episodios, y cómo ello afectó al resto de los integrantes que eran testigos directos del malestar de sus compañeros, al punto de ocasionar una atmósfera laboral tensa entre los agentes del Juzgado”.

“De las declaraciones testimoniales producidas en el debate se desprende que el ambiente enrarecido del organismo se originó en conductas de la propia magistrada y no, como pretendió mostrar la Defensa, por inconvenientes o dificultades estructurales y funcionales ajenos a ella. A este respecto, la Jueza debió mantener la templanza actuando con la prudencia y el decoro del cargo que ostenta y no acudir a medios de agresión verbal, elevando el tono de voz o utilizando términos descalificativos tanto personales como profesionales”, expresa el fallo del organismo encargado de designar, sancionar y remover jueces.

Se tuvo por probado las situaciones de maltrato que se sostuvieron en el tiempo y que generaron diversos pedidos de licencia prolongadas por enfermedad, la renuncia de una empleada, el pedido de traslado y tratamientos psicológicos y psiquiátricos de algunos empleados, con diagnósticos de estrés graves y estado de tensión crónico, compatibles con climas de violencia laboral, según los especialistas de la psicología.

La cuestión excede “la conducta esperada de una magistrada y la forma en que debe dirigirse hacia otra persona, sin que sea relevante el tono o el modo jocoso con el cual se expresó y siendo evidente que esas palabras configuran humillación y maltrato e impactaron en el ánimo y salud de la persona a la cual va dirigido”, afirma el fallo.

Según indicaron, ha quedado evidenciado de los elementos probatorios expuestos en el debate, que la jueza “ha desarrollado un comportamiento ético-jurídico manifiestamente abusivo, humillante y autoritario, que degradó la convivencia interna en el organismo, situación que pone de manifiesto una falta de idoneidad en el manejo del recurso humano”, resalta.

Respecto a al argumento defensivo de las carencias del Juzgado, el voto expresa que “si de forma hipotética imagináramos que faltaban recursos materiales y humanos y que el personal necesitaba capacitación, con toda contundencia afirmamos que esas situaciones nunca podrían avalar ni justificar violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales”.

Un segundo hecho, que es el maltrato hacia un abogado, también para la posición mayoritaria quedó evidenciado.

El voto mayoritario fue sostenido por el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarian, los representantes del colegio de Abogados Silvio Raúl Barriga, Claudia López y Erica Alday y los legisladores Lucas Pica y Julia Fernández.

El juicio se desarrolló durante cuatro jornadas, tres con alegatos de apertura y testigos, de manera presencial, y una cuarta con los alegatos de clausura, de manera remota. El Procurador Jorge Crespo pidió la destitución y el defensor solicitó la absolución y, subsidiariamente, una suspensión por un mes.

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