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Murió hace más de un año y Salud seguía pagando prestaciones a su nombre

Una familia cipoleña denunció públicamente que Salud continuaba haciendo prestaciones a nombre de un joven que murió hace un año y cinco meses.

El Ministerio de Salud de Río Negro ha iniciado una investigación interna y una auditoría para esclarecer un grave error administrativo en la capital provincial y en Cipolletti. El caso salió a la luz tras una llamada rutinaria de control que reveló que el Estado provincial continuó destinando fondos y recursos para la atención de Jeremías, un joven que falleció hace un año y cinco meses.

La situación, que ha generado una profunda conmoción en el entorno familiar, pone bajo la lupa los mecanismos de control entre el Registro Civil, el área de auditoría de Salud en Viedma y las empresas prestadoras de servicios de salud tercerizados.

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Desde el hospital de Cipolletti confirmaron que los pagos para el uso de equipos médicos continuaban vigentes, pero aseguraron que el hospital no intervenía en la cadena, ya que Salud contrataba a una empresa tercerizada.

El testimonio de la madre: "Estaban lucrando con la vida de mi hijo"

La denuncia pública fue impulsada por Soraya, madre de Jeremías, quien relató la crudeza del momento en que recibió una llamada del área de auditoría del Ministerio de Salud consultando por el estado de salud de su hijo y el uso de los equipos de Bipap (un tipo de ventilador de presión positiva) y medicación que el joven requería.

"Tratando de pasar este duelo que venimos pasando en un año y cinco meses, la falta de Jere, nos llamaron por teléfono el Ministerio de Salud de Río Negro, se presentó una persona del área de Auditoría, nos contó que nos estaban haciendo un llamado para saber de la vida de Jere, cómo iba su salud y aparte por el equipo de Bipap y medicaciones que Jere requería", explicó Soraya, su mamá, en un video que difundió a través de las redes sociales.

Según el relato de la madre, tras informar al auditor sobre el fallecimiento del joven, se inició un cruce de información que reveló irregularidades en el manejo de los fondos: "Ahí entró la duda y empezamos a averiguar. Encontramos que estaban lucrando con la vida de Jere, (desde Salud) mandaban 700 mil pesos mensuales. Ahora el ministro de Salud se comunicó conmigo nuevamente y me dijo que (el dinero) se lo estaba llevando a una empresa tercerizada".

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La familia busca ahora responsables directos por el uso de estos fondos públicos. "¿Quién es el responsable? ¿Quién se embolsilló la plata a nombre y a costilla de mi hijo? Que él ya no puede defenderse, pero bueno, sí estoy yo", sentenció la madre, quien además denunció que el programa Incluir Salud continúa realizando descuentos mensuales por una obra social que no se utiliza.

Salud puso los pagos bajo evaluación

Desde el hospital local se confirmó que se mantuvo una reunión con la familia para escuchar sus reclamos y se reconoció que este evento ha dejado al descubierto falencias en el sistema de actualización de datos de pacientes crónicos con servicios tercerizados.

"La señora Soraya vino al hospital y le informamos que destapó un mecanismo que hay que revaluar para que cada quien cumpla su responsabilidad", aseguraron desde el hospital Pedro Moguillansky.

En el hospital de Cipolletti aclararon que el dinero en cuestión no era gestionado directamente por la institución hospitalaria: "La plata no venía al hospital porque eso está tercerizado por una empresa que brinda servicios", manifestaron.

Asimismo, en el centro asistencial señalaron la necesidad de revisar cómo fluye la información desde el fallecimiento de una persona hasta la baja de sus beneficios. "Cuando una persona fallece hay que darle el certificado de defunción al Registro Civil para certificar justamente que esa persona no estaba más con vida y ahí se empiezan a cortar ciertas asistencias y beneficios", concluyeron.

La investigación de Salud permanece abierta para determinar si se trató de una negligencia administrativa en la comunicación de las bajas de pacientes o si existió una omisión deliberada por parte de las prestadoras involucradas en el servicio de atención domiciliaria.

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