Cipolletti: intentaron cobrarle una deuda en dólares con un pagaré falso

Una pericia caligráfica fue clave para desarticular un reclamo judicial en Cipolletti que pretendía el cobro de una suma en dólares a través de un pagaré cuya firma resultó ser falsa. El fuero Civil hizo lugar a la excepción presentada por la demandada, rechazó la ejecución y ordenó levantar un embargo que pesaba sobre sus fondos.

El caso se inició a partir de la presentación de un hombre que impulsó una ejecución basada en un pagaré. Como ocurre en este tipo de procesos, en una primera etapa el trámite avanzó con el dictado de una sentencia monitoria, una resolución que habilita el reclamo de cobro de manera expedita cuando el documento presentado cumple con ciertos requisitos formales.

Sin embargo, el curso del expediente dio un giro cuando la mujer demandada se presentó en la causa y planteó una excepción de falsedad de título. Se trata de una herramienta contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial que permite cuestionar la autenticidad del documento que da origen a la ejecución.

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El pagaré establecía el cobro de una suma en dólares a la mujer.

La defensa: desconocimiento total de la deuda

En su presentación, la mujer fue categórica. Negó que la firma inserta en el pagaré le perteneciera y aseguró no haber mantenido ningún tipo de vínculo con el hombre que reclamaba el pago. Además, desconoció por completo la existencia de la deuda.

Este planteo obligó al tribunal a profundizar el análisis sobre la validez del documento presentado como base del reclamo. La falta de respuesta de la contraparte ante el traslado de la excepción también resultó un elemento relevante dentro del proceso.

Ante la controversia, el fuero Civil dispuso la producción de prueba y ordenó la realización de una pericia caligráfica. El objetivo fue examinar la firma cuestionada y compararla con material indubitado de la mujer, es decir, documentos cuya autoría no ofreciera dudas.

El informe técnico aportó múltiples precisiones. En primer lugar, la especialista indicó que no era posible determinar la antigüedad relativa de las inscripciones ni establecer si la firma y el contenido del pagaré habían sido realizados en un mismo momento. También detectó el uso de dos instrumentos de escritura diferentes y una secuencia en el llenado del documento.

Pero el dato central fue concluyente: la firma estampada en el pagaré no había sido realizada por la mujer. Según el dictamen, la rúbrica no correspondía a su puño y letra. El informe no recibió impugnaciones ni pedidos de aclaración por parte de las partes involucradas.

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La Justicia ordenó una pericia que luego confirmó la falsedad del documento.

Estefania Petrella

El valor probatorio del dictamen

En su resolución, el fuero Civil destacó la importancia de la pericia caligráfica en este tipo de conflictos. Si bien aclaró que este tipo de prueba no resulta vinculante de manera automática, subrayó que no corresponde apartarse de sus conclusiones sin fundamentos sólidos.

En este caso, el tribunal valoró que el informe fue claro, preciso y técnicamente fundado. La perita detalló la metodología empleada, el instrumental utilizado, la bibliografía de respaldo y los elementos de comparación analizados.

Rechazo de la ejecución y levantamiento del embargo

Con estos elementos, la Justicia hizo lugar a la excepción de falsedad de título presentada por la mujer. En consecuencia, resolvió rechazar la ejecución promovida en su contra y dejó sin efecto la sentencia monitoria dictada en la etapa inicial del proceso.

Además, se dispuso que, una vez firme la resolución, se proceda al levantamiento del embargo que había sido trabado sobre sus fondos en el marco del reclamo.

El caso pone de relieve la importancia de los mecanismos de defensa disponibles en los procesos ejecutivos y el rol central de las pruebas técnicas cuando se discute la autenticidad de documentos.

También expone los riesgos asociados a la utilización de instrumentos como los pagarés cuando su origen no es debidamente acreditado. La intervención judicial permitió, en este caso, evitar un perjuicio económico basado en un documento adulterado.