Cipolletti autoriza un millonario leasing para renovar su flota de servicios públicos

En Cipolletti entró en vigencia la ordenanza que autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a tramitar ante el Banco Patagonia S.A. una o más operaciones de "leasing financiero" para incorporar maquinaria y vehículos.

Esta medida tiene como propósito central la incorporación de bienes de capital para modernizar la capacidad operativa de las áreas encargadas de servicios públicos. El monto máximo autorizado para la operatoria se fijó en hasta la suma de $3.000 millones , utilizando como garantía los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos.

La decisión de avanzar con este financiamiento surge de un relevamiento técnico realizado por las secretarías de Servicios Públicos, Obras Públicas y Desarrollo Humano. Según la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el leasing financiero resulta la herramienta más adecuada para permitir la incorporación inmediata de los equipos, distribuyendo el costo de adquisición en el tiempo y preservando la capacidad financiera del Municipio para sostener otras políticas públicas.

El Banco Patagonia, fue seleccionado tras un análisis comparativo de mercado frente a otras entidades financieras, valorándose especialmente su condición de agente financiero oficial de la provincia de Río Negro y la transparencia en su metodología de cálculo.

¿Qué es una operación de leasing?

El leasing financiero es un mecanismo de financiamiento mediante el cual una entidad bancaria o financiera (el dador) adquiere un bien de capital seleccionado por un cliente (en este caso, el municipio de Cipolletti) y le cede el derecho de uso a cambio del pago periódico de un canon.

Durante la vigencia del contrato, la propiedad legal del equipamiento pertenece a la entidad financiera, mientras que la comuna dispone de su capacidad operativa de forma inmediata. Al finalizar el plazo estipulado (que para esta operatoria se proyectó a 36 meses), el Municipio cuenta con una opción de compra para adquirir la titularidad definitiva de los bienes mediante el pago de un valor residual que fue claramente determinado en el convenio.

Detalle de la maquinaria que recibirá el Municipio

El equipamiento prioritario autorizado por la ordenanza combina adquisiciones cotizadas tanto en dólares estadounidenses como en pesos, destinadas a optimizar los tiempos de ejecución y la respuesta en el territorio.

En lo que respecta al equipamiento presupuestado en moneda extranjera, el listado oficial detalla la incorporación de una retroexcavadora 310P por un valor estimado a financiar de USD 99.724 y una motoniveladora 620 P valuada en USD 248.837. Asimismo, se contempla un compactador vibratorio mecánico CLG6114E por USD 72.500,00 , una topadora Marca Shantui Modelo SR23MR por un costo de USD 169.000 y un rodillo compactador Wacker Neuson RD12A-90 por USD 29.750.

La renovación del parque automotor pesado incluye dos camiones Mercedes Benz Atego 1721/48 con caja automatizada y tanque de 10.000 litros por un monto de USD 225.158,36 , un camión de idéntica marca y modelo equipado con caja volcadora marca Lexxor de 10 metros cúbicos por USD 110.769,23 y un chasis camión Iveco Tector Attack 170-210 CM 4x2 por USD 99.625.

El Municipio recibirá maquinaria a través de un leasing con el Banco Patagonia.

Para tareas específicas de infraestructura y saneamiento, se sumará una hidrogrúa completa montada sobre un camión Foton Auman D2027 por un valor de USD 169.615 y un equipo desobstructor-succionador combinado cotizado en USD 299.500. De esta manera, el subtotal de las maquinarias expresadas en dólares asciende a USD 1.524.478,59 sin IVA.

Por otra parte, la ordenanza incluye la adquisición de bienes cotizados directamente en moneda nacional. Se trata de dos camiones Mercedes Benz Atego 1721/48 con caja automatizada, equipados con caja compactadora marca Scorza de 17 metros cúbicos, por un monto asignado de $404.296.000 sin IVA.

La normativa aclara que el listado de bienes inicialmente previstos no es definitivo ni taxativo, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incorporar, sustituir o reasignar los bienes por razones operativas o de conveniencia administrativa, siempre que se respete el límite presupuestario total autorizado.