Recibió millones por error, se los gastó y bloqueó al damnificado: el caso llegó a la Justicia

El envío de dinero por error suele ser el ardid de un intento de estafa. Sin embargo, en ocasiones, ocurre de manera real. Una equivocación al poner el monto de la transferencia o la cuenta de destino pueden derivar en un gran conflicto. En Río Negro, uno de esos casos terminó en la Justicia con millones de pesos en juego.

La pantalla de la aplicación de Mercado Pago notificó un ingreso de fondos tan imprevisto como impactante. Sin haber prestado ningún servicio ni registrar transacciones comerciales pendientes, el destinatario de la cuenta vio reflejada la acreditación de la suma de tres millones de pesos en su billetera virtual.

Lejos de tratarse de un premio o un beneficio legítimo, el origen de ese dinero correspondía a un error de tipeo de un productor de cebollas, quien pretendía transferir ese monto a un comercio local para abonar insumos indispensables para su actividad agrícola. A partir de la transferencia se desató un conflicto entre las partes.

mercado pago

Un productor le envió tres millones de pesos a un desconocido. Como no se los devolvió, recurrió a la Justicia.

Mensajes reiterados y un bloqueo fulminante

La confusión inicial del receptor no tardó en transformarse en una encrucijada cuando comenzaron a ingresar las alertas en su teléfono personal. El emisor del dinero, al percatarse de que los fondos indispensables para su producción habían terminado en manos de un desconocido, inició un desesperado intento por recuperar el dinero mediante vías informales. Se comunicó en reiteradas oportunidades para solicitar de forma directa la restitución del monto, pero la respuesta inicial fue el silencio absoluto.

A medida que la insistencia del productor aumentaba ante la urgencia de reponer la plata para su negocio, el destinatario tomó una decisión drástica para evadir el reclamo: interrumpió toda vía de comunicación directa y procedió a bloquearlo en la aplicación de mensajería WhatsApp. A partir de ese momento, el canal informal quedó cerrado, dejando la resolución de la transferencia errónea en una total incertidumbre.

La citación formal y una confesión inesperada

El conflicto escaló formalmente cuando el afectado recurrió al Juzgado de Paz de General Conesa, promoviendo una demanda a través del procedimiento de menor cuantía. La intervención judicial obligó al receptor del dinero a salir del anonimato digital y comparecer ante las autoridades correspondientes. Durante la audiencia convocada en la sede del juzgado, las expectativas sobre una devolución inmediata se desmoronaron al abrirse el espacio para las declaraciones de las partes.

El demandado reconoció formalmente ante el juzgado haber recibido los tres millones de pesos en su cuenta. Sin embargo, argumentó la imposibilidad material de devolverlos en ese momento porque los había gastado inmediatamente después de haberlos recibido.

Ante la confesión de que los fondos ya no se encontraban disponibles en la billetera virtual, la resolución del caso entró en una fase crítica de tensión. Sin el capital original y con una demanda judicial en curso, el deudor se vio en la obligación de solicitar un cuarto intermedio con el propósito de intentar reunir una parte del dinero en efectivo y elaborar una propuesta de pago sustentable que pudiera ser aceptada por la contraparte.

El desenlace en la Justicia

Tras el receso otorgado para reestructurar la situación financiera del demandado, las partes volvieron a reunirse en el tribunal para definir el destino legal del reclamo. El suspenso sobre cómo se repararía el perjuicio económico ocasionado al productor agropecuario se mantuvo hasta la redacción del acuerdo definitivo.

Finalmente, las negociaciones concluyeron en un convenio en el cual la deuda total quedó fijada en la suma de 3.370.000 pesos, un monto que incluyó el capital original reclamado, los intereses acumulados y los honorarios generados por el proceso. Para destrabar el conflicto, en ese mismo acto presencial el demandado hizo entrega de medio millón de pesos en efectivo.

El saldo restante para cancelar el total de la obligación se estructuró en un plan de seis cuotas consecutivas. El cronograma estipula que los pagos correspondientes deberán realizarse directamente en el Juzgado de Paz de General Conesa, previendo además que el deudor tendrá la facultad de adelantar cuotas o efectuar pagos por montos superiores en caso de contar con las posibilidades económicas.

La jueza de Paz interviniente, al constatar que el convenio reflejaba cabalmente la voluntad de ambas partes y no afectaba el orden público, homologó formalmente el acuerdo, dando por cerrado el litigio judicial.