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Amenaza falsa: descartan que haya una bomba en la clínica

Un llamado telefónico advirtió sobre un explosivo en el edificio, pero se descartó tras activar el protocolo preventivo.

El personal de una clínica cipoleña vivió momentos de tensión por un llamado telefónico que alertó sobre una bomba en el edificio. Se implementó el protocolo preventivo, despejando gran parte del centro asistencial y se realizó una inspección del lugar para confirmar o descartar el aviso. Tras recorrer las instalaciones, las fuerzas de seguridad descartaron que hubiese explosivo y se normalizó la atención.

Los llamados telefónicos con amenazas de bomba son recurrentes en la ciudad. El último caso fue en octubre, cuando un llamado anónimo al 911 indicó que había un explosivo en el Colegio Fátima. El lugar fue desalojado y personal de Bomberos, la Policía y Protección Civil realizaron un gran operativo para descartarlo.

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Este jueves, la amenaza de bomba alteró la jornada en Leben Salud, en Mengelle e Yrigoyen. Desde la clínica se dio aviso a las autoridades y se puso en marcha el procedimiento de rutina. Se evacuó el edificio en forma preventiva durante varias horas.

Según se confirmó, el llamado telefónico que advertía que había una bomba fue realizado desde el interior del edificio. La persona que lanzó la amenaza utilizó uno de los teléfonos fijos que se utilizan para gestionar turnos y otros trámites a través del call center de Leben.

El edificio fue requisado en todos los rincones para poder descartar que hubiese un explosivo y riesgo para las personas. Cuando se confirmó que no había riesgo, se permitió retomar la atención de pacientes.

Desde Leben Salud se confirmó que "se ha puesto a disposición de la Fiscalía la grabación y las imágenes de nuestras cámaras de seguridad, para contribuir a la investigación correspondiente. Confiamos en un rápido esclarecimiento del episodio y la condena a sus responsables, única forma de evitar que se repita en el futuro".

Desde la institución de salud aseguraron que "episodios de este tipo deben ser severamente cuestionados, máxime tratándose de instalaciones dedicadas a la atención de la salud".

Por las numerosas llamadas con falsas alarmas, en 2018 se sancionó una ley que establece multas de dinero de hasta $50.000 e incluso hasta un máximo de 30 días de arresto. En algunos casos, puede imputarse a los autores un delito más grave, como la intimidación pública, con penas de dos a seis años de prisión.

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