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Acuden a los diputados nacionales para impedir desalojos

Dirigentes sociales y vecinales cipoleños solicitarán la intervención de los legisladores para que se introduzcan cambios en la ley de barrios populares y se eviten los desahucios de asentamientos.

Los vecinalistas nucleados en el Foro por la Tierra y la Vivienda están gestionando reuniones con los diputados nacionales de Río Negro y Neuquén para solicitarles su respaldo a la modificación de la ley 27453 de barrios populares, en particular, para que se prorrogue la prohibición a los desalojos de asentamientos judicializados que establece la norma y que vence el mes que viene.

Con extrema preocupación se sigue en la dirigencia barrial la demora que ha tenido el Congreso Nacional en tratar los cambios que se impulsan para la normativa. Faltan apenas unos pocos días para que se caiga la veda a los desahucios y el Parlamento todavía no se ha pronunciado.

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Por eso, en el Foro por la Tierra y la Vivienda han decidido impulsar los contactos con los diputados nacionales de la región, tanto oficialistas como opositores al gobierno del presidente Alberto Fernández, para que se pronuncien sobre el reclamo y se avance con celeridad en la respuesta buscada.

Así lo expresó este martes la referente Lilia Calderón, quien recordó que los trámites para la modificación de la ley los está llevando a cabo la Mesa Nacional de Barrios Populares, que ella integra y en la que participa el Foro cipoleño.

Como los tiempos corren aprisa, la dirigente viajará hoy a Buenos Aires para participar por el jueves de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Integración Socio Urbana y, por la tarde, con miembros de la Cámara de Diputados de la Nación. En ambos casos, se abordará el problema de la normativa y de la inminente caída de la prohibición de los desalojos.

A esta altura, a la Mesa Nacional y al Foro lo que más les interesa es que intervenga directamente en el asunto el gobierno nacional, el que, a través de un decreto, podría extender el período de cuatro años sin desahucios que concluye en octubre. Es que la ley de barrios populares fue aprobada en 2018 y en su texto se estableció el plazo en que no se podrían concretar las drásticas determinaciones.

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