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Una jueza ordenó el desalojo en una de las tomas de La Alameda

La medida recae sobre los cuatro imputados que asistieron a la audiencia. la jueza Rita Lucía también declaró en rebeldía a los que están debidamente notificados y no fueron. Se hará uso de la fuerza pública para trasladarlos.

La jueza de garantías Rita Lucía ordenó desalojar a los cuatro ocupantes que se presentaron este viernes a la audiencia de formulación de cargos por el delito de usurpación en la toma de una ripiera donde explotan áridos muy cercana al asentamiento La Alameda. El hecho que se investiga ocurrió el pasado 20 de septiembre, entre las 9 y las 11.15, cuando las máquinas no estaban trabajando.

En teoría, son muchos más los que ocupan esas tierras. La Fiscalía dijo 43. La defensa, 21. No es fácil determinarlo porque es un grupo de personas que fluctúa, se desplaza y alterna también con otra toma cercana, denominada 21 de Septiembre, que afecta a un predio del Parque Industrial que es propiedad del Municipio.

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Sobre el resto de los ocupantes, la jueza no ordenó el desalojo sencillamente porque no acudieron a la audiencia judicial y es necesario que tengan la posibilidad de hacerlo para que puedan ejercer su derecho de defensa. Ni siquiera la magistrada sabe si pudieron ser notificados de la formulación de cargos.

No obstante ello, declaró la rebeldía para todos aquellos que si fueron debidamente notificados y aún así no comparecieron ante la Justicia. Esto quiere decir que serán traslados mediante la fuerza pública cuando se realice una nueva audiencia de formulación de cargos. La medida cautelar recae sobre un grupo de aproximadamente 14 personas, respecto de quienes la Fiscalía pudo acreditar ante la jueza que fueron informados en persona del proceso judicial que se sigue en su contra por el delito de usurpación.

Para la jueza, se cumplieron los tres requisitos básicos que exige el artículo 118 sobre disponer provisoriamente el inmediato reintegro de la posesión del inmueble (desalojo forzoso). Entre estos requisitos, está el derecho a la propiedad privada invocado por la familia Tirabassi, propietaria del terreno usurpado; y el derecho al trabajo de una empresa -en poder de los hermanos Jara- que explota los áridos de la ripiera.

La magistrada también estuvo de acuerdo con que existe un peligro en la demora que vulnera estos derechos.

"Claramente hay dos víctimas: se ha despojado a los propietarios de esas tierras y se está produciendo una afectación directa sobre quienes tienen la tenencia de esa parcela mediante la explotación de los áridos. Es incompatible permanecer en ese lugar y garantizar el funcionamiento de la ripiera, que es la que se ve hoy día afectada, más allá del derecho a la propiedad privada", indicó.

Por eso, consideró que la medida cautelar -del desalojo forzoso- resulta pertinente y necesaria en esta instancia. Pero solo respecto de los cuatro imputados que asistieron a la audiencia. Al resto le dio una oportunidad más, sin perjuicio de lo cual varios de ellos ahora serán trasladados por la Policía. De lo contrario, si se resisten, serán detenidos para asegurar su asistencia en la próxima audiencia.

Los fiscales Gustavo Herrera y Matías Stiep solicitaron un plazo de 10 días para desocupar los imputados que la jueza concedió. En el transcurso, insistirán con una solución pacífica al conflicto para evitar el desalojo por la fuerza, como lo viene haciendo el Municipio, en reiteradas oportunidades, pero sin resultados hasta el momento.

Llegado el caso, el Ministerio Público Fiscal definirá el cómo se procede al desalojo, si será ante la autoridad policial de la Subcomisaría 79, fiscales, representantes de la Defensoría del Menor y de la Senaf.

La jueza pidió que si la orden de desalojo queda firme, se proceda de día y con la presencia de los mencionados. En adelante, se solicitará una nueva audiencia para formularle cargos a los que hoy no se presentaron.

Llamó la atención el argumento que expusieron los imputados para defenderse. Dijeron que el resto no había ido porque ellos estaban en representación del conjunto. Sin embargo, la citación es individual y nadie puede ir en lugar de otra persona. Dijeron que no sabían y se manifestaron con bronca y de forma irrespetuosa hacia la jueza cuando la audiencia llegaba a su fin con un desalojo en su contra.

Posiblemente, la Fiscalía también disponga los mecanismos necesario para hacer una inspección ocular en la toma de forma de establecer fehacientemente quiénes son los que están viviendo en la ocupación, con el doble objetivo de que los ocupantes puedan defenderse en una audiencia y los damnificados puedan encontrar una resolución de sus derechos afectados.

La querella adhirió a los planteos de la Fiscalía en todos sus términos; y les dijo a los imputados: "Ustedes tienen necesidades, pero no pueden pasar por encima de otras personas. El señor Tirabassi no es quién tiene que solucionar sus problemas de vivienda. Le corresponde al Estado y a la Justicia que se hagan valer sus derechos".

Se recordó que Humberto Tirabassi es un inmigrante escapado de la guerra que llegó de Italia con su señora, sin dinero; que se hizo de abajo, cortando árboles y haciendo trabajo de albañilería. "Es tierra obtenida con sudor y lágrimas, y estas personas tienen autos cero kilómetros fuera de la toma, mientras Tirabassi recorría la zona en bicicleta trabajando", sostuvo la querella.

La parte acusadora advirtió, además, sobre el peligro de que hayan niños jugando y corriendo en el predio, donde hay máquinas pesadas que mueven suelo. En tanto, Silvana Ayenao defendió a los imputados.

En otras tomas, la posibilidad de un desalojo por ahora fue rechazada, como sucedió en el barrio Labraña, donde la ocupación afecta la propiedad privada de Miguel Kohan; o la del predio municipal en Parque Industrial.

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