Se define la suerte de la megabanda y su culpabilidad

Esta semana se conocerá el veredicto elaborado por los jueces Alejandra Berenguer, Laura González Vitale y Marcelo Gómez, quienes decidirán la suerte de los 16 acusados de robos y asaltos en Cipolletti y gran parte de la región valletana. Las pruebas son contundentes y se presume que los implicados serán declarados culpables de delitos graves como robo calificado y asociación ilícita.

La denominada megabanda fue desbaratada tras una serie de allanamientos encabezados por los integrantes del Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones. Fue casi un trabajo de hormiga, con seguimientos a lo largo del tiempo y un paciente análisis de 15 mil escuchas telefónicas.

Para los fiscales Gustavo Herrera, Santiago Márquez Gauna y Guillermo Merlo, no hay dudas de que la tarea delictiva era dirigida por el cipoleño José “Chiqui” Forno y que el resto de los acusados protagonizaban los golpes de forma premeditada en empresas y casas particulares.

El proceso se abrió hace dos años y requirió de una intensa labor investigativa, además de pericias y trámites fundamentales como las ruedas de reconocimiento y la citación de testigos. Asimismo, en un primer momento se determinó que los hombres señalados como líderes permanecieran encarcelados. Tanto Forno como Sandro Gerez fueron detenidos y recién el año pasado lograron su liberación, aunque continúan monitoreados con tobilleras electrónicas.

Desde el Poder Judicial se aseguró que su situación no va a variar con la lectura del fallo y que continuarán con las “medidas cautelares restrictivas de su libertad ambulatoria debiendo rendir cuentas ante la Oficina Judicial de Cipolletti y Roca y ante la Fiscalía”.

La lectura de la sentencia está programada para el jueves y será seguida con mucha atención no sólo por los fiscales sino también por la parte querellante, que acompañó de cerca el desarrollo de la investigación y el aporte de pruebas.

Desde la defensa particular y oficial apuntaron a supuestas nulidades y esperan que se consideren algunas de sus presentaciones durante las audiencias y en la exposición de los alegatos, realizada a fin de año.

Una declaración de culpabilidad pondrá a los acusados en una situación muy complicada y ante la posibilidad de recibir penas de cárcel que no bajen de los 10 años. En muchos casos, sus pesados antecedentes se transformarán en un agravante. De igual modo, la imposición de castigos se llevará a cabo en la audiencia de cesura.

Apenas se supere la fijación de penas, los acusados tendrán otra alternativa de evitar la cárcel pidiendo la impugnación de la sentencia. Por este motivo, el proceso continuará en los próximos meses y se demorará su resolución definitiva.

Testigos, escuchas y secuestros

La fiscalía concentró su despliegue en las pruebas que permiten atribuirles a los acusados la figura delictiva de asociación ilícita. Escuchas, testimonios y secuestros en los domicilios de los principales implicados forman parte de un cóctel de elementos incriminatorios que el tribunal tendrá presente a la hora de pronunciarse sobre su responsabilidad en una veintena de atracos.