Regularizarán tomas en las que viven 5500 cipoleños

El Deliberante sacó el despacho y tratará el tema el miércoles.

Los concejales acompañarán el proyecto de utilidad pública sujeto a expropiación sobre 66 hectáreas, donde residen cerca de 5500 vecinos sin acceso a la tierra y a los servicios más elementales. Ayer, el edil Miguel Aninao confirmó que dieron el aval para sacar despacho favorable a la iniciativa del Ejecutivo.

Fue en el marco de una reunión que convocó a las tres comisiones de Obras y Servicios Públicos, Hacienda y Gobierno. Todos, menos Alejandra Villagra que no estuvo presente, decidieron acompañar. Por una cuestión de forma, firmarán el próximo lunes y luego harán una sesión extraordinaria para sacar la ordenanza cuanto antes.

Las 66 hectáreas que serán regularizadas incluyen a los asentamientos Barrio Obrero A y B, 2 y 10 de Febrero y Nueva Esperanza. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ejecutivo, Aninao contó que allí viven alrededor de 5500 vecinos en condiciones precarias. El problema de las tomas es de vieja data en esta ciudad, y por eso destacó: “Este gobierno tuvo el valor de encararlo”.

Todos los concejales tenían en mano el proyecto, lo habían estudiado, y en la reunión de ayer adelantaron su posición, aquella que seguramente convalidarán en la sesión extraordinaria que quieren hacer el próximo miércoles. Hay apuro porque la Legislatura le dio el aval a la expropiación y sólo está esperando que el Municipio declare la utilidad pública.

Roberto Bianchi, al frente de la Dirección de Desarrollo Territorial, comentó que más adelante presentarán el otro proyecto de urbanización sobre 500 hectáreas, que incluye a estas 66 y modificará el uso del suelo hacia el norte, como paso indispensable para avanzar con la regularización de tierras.

Ahora, el Municipio priorizó la utilidad pública sobre una porción que, además de asentamientos, incluye algunos terrenos más para reservar a espacios de uso público. “Por algún lado había que empezar. Está la voluntad, está el dinero y es posible hacerlo”, sostuvo Aninao.

En el proyecto que aprobarán, el Estado se compromete a asignar una partida presupuestaria de $23 millones para la regularización de esas tierras. “En el caso de expropiar, el Estado compra las tierras y luego hace un plan de reintegro con cada uno de los asentamientos”, indicó Aninao.

El concejal apoya la iniciativa porque es el puntapié inicial para un proceso de regularización que mejorará la calidad de vida de miles de cipoleños. Aunque adelantó que en la sesión hará algunas consideraciones. En principio, quiere que este proyecto sea el disparador de otras iniciativas, como la creación de un banco de tierras para que el Municipio pueda desarrollar loteos sociales.

También propondrá que el Consejo de Planificación se actualice tanto en su composición como en la agenda de objetivos que se trace y, en tercer lugar, fijar alguna reglamentación sobre los beneficiarios, para salvaguardar la transparencia del proceso de regularización.

Resaltó, además, que la utilidad pública surge de un proyecto de comunicación que presentó el año pasado, solicitando celeridad para resolver la problemática de los asentamientos.

Regularización

La expropiación, un hecho histórico

Luz verde de la Legislatura. Los diferentes bloques de la Legislatura de Río Negro adelantaron que hay consenso para avanzar en la expropiación de las tierras hoy ocupadas para regularizar las barriadas.

Un paso indispensable. Es fundamental que antes de la expropiación el Municipio declare la utilidad pública de las hectáreas en cuestión, algo que se prevé ocurrirá la próxima semana.

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