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Robo de cables: proponen controlar el negocio de la chatarra

Es un proyecto de ley que ingresó a la Legislatura. Apunta a fiscalizar la actividad de los acopiadores, donde compran el material. Se prevén multas, clausuras y la intervención judicial.

Frente el alarmante crecimiento de robos de cables y otras piezas compuestas por cobre y bronce entre otros metales que han adquirido un alto valor tanto en el mercado formal como el informal, el legislador José Luis Berros (bloque Frente de Todos) presentó un proyecto de Ley para controlar la cadena de comercialización de esos productos -que se desarrolla con mucha holgura hasta el momento- y castigar con el peso de la Justicia a quienes intervienen de manera ilegal.

La iniciativa, que busca frenar la transferencia de “volúmenes de mercadería obtenida ilegítimamente en el mercado legal, mediante la fundición”, pone la mira en la labor de los acopiadores, establecimientos también denominados “chacaritas” y otros del rubro metalúrgico, donde compran el material sin atender su procedencia, en su forma más habitual.

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Para efectivizar el seguimiento, la norma establece la creación de un Registro Único de Acopiadores y Comercializadores de Metales no Ferrosos, de tramitación obligatoria para poder operar en el negocio, junto con las habilitaciones comerciales de rigor.

Además, esas firmas dedicadas a la actividad deberán llevar un libro foliado, formalizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia -autoridad de aplicación de la ley-, en el que tendrán que asentar los datos principales de cada operación, con nombre, apellido, documento y domicilio del vendedor. También deberán agregar en el documento una descripción del producto ofertado.

La verificación de lo establecido lo realizará el estado provincial mediante inspecciones periódicas, cada 30 días corridos, e incluirá no solo los locales comerciales sino también a los vehículos que transporten chatarra. Para favorecer la tarea de fiscalización el Ministerio quedará habilitado para firmar convenios de colaboración con los municipios, desde donde se deberá instrumentar los mecanismos para dar cumplimiento a lo que expresa la normativa.

La propuesta prevé sanciones para los casos de incumplimientos que irán desde multas hasta la clausura de llegar a cometer reincidencia. La misma medida se impondrá de no poder justificar la procedencia y si le encuentran cables y otros objetos cuya utilización sea exclusiva de servicios públicos y no pueda acreditarse su adquisición.

Pero junto con el castigo administrativo, las irregularidades detectadas deberán ser notificadas al Ministerio Público Fiscal para que realice las investigaciones para determinar la posible existencia de un delito.

La experiencia positiva de Buenos Aires

Entre los fundamentos que expone Berros en su proyecto, destaca la experiencia de la provincia de Buenos Aires, donde se sancionó una ley con el mismo objeto, la que tuvo un “impacto positivo” al registrarse a partir de su sanción una caída en los hechos delictivos. Pero no sería la única que legisló en ese sentido, como Santa Fe y Mendoza.

El legislador aclaró que si bien en Río Negro “aún no vivenciamos los niveles de hurto, robo, y demás, de cables como en otras provincias que están legislando en el mismo sentido, resulta importante anticiparnos y proponer frente al avance de una situación que se replica en todo el país”.

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