Río Negro suspendió el proyecto minero Calcatreu: los motivos

Este jueves se conoció la firme decisión que tomó el gobierno de Alberto Weretilneck de ratificar el respaldo al desarrollo de la actividad minera y a las inversiones que generan empleo y crecimiento. Sin embargo, su postura es firme y clara cuando de cumplimiento de reglas y compromisos se trata.

Durante meses, se realizaron distintas Mesas de Trabajo Interinstitucionales junto al Municipio de Ingeniero Jacobacci, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y los distintos actores de la comunidad para que la puesta en marcha de la actividad minera sea sinónimo de crecimiento en la provincia y para los rionegrinos.

Es en este sentido que el gobierno provincial expresa que la empresa no viene cumpliendo con el porcentaje de mano de obra rionegrina establecido por la normativa provincial 80/20. Durante las mesas de trabajo se establecieron compromisos específicos destinados a profundizar la contratación local, garantizar transparencia en las búsquedas laborales, capacitar trabajadores de la zona y generar las condiciones para que cada vez más puestos puedan ser cubiertos por vecinos de Ingeniero Jacobacci y la Región Sur.

El 80/20 es un piso

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que las búsquedas laborales deben canalizarse a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino (SER); que la empresa debe mantener actualizada la información sobre contrataciones, necesidades y perfiles requeridos; y que debe avanzar en programas de formación destinados especialmente a aquellos puestos que actualmente son cubiertos con trabajadores provenientes de otras provincias.

Asimismo, durante la Mesa de Trabajo se solicitó expresamente información sobre el recambio de personal para avanzar progresivamente en el reemplazo de trabajadores foráneos por mano de obra local cuando existan los perfiles disponibles. También se acordó integrar las bases laborales de AOMA y UOCRA con la Bolsa de Trabajo Municipal para priorizar a trabajadores de la localidad.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sostuvo que “Río Negro está a favor de Calcatreu, de la minería y de todas las inversiones que generen desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos. El 80/20 es un piso: no alcanza con cumplir un porcentaje si después no se respetan los compromisos asumidos para capacitar, contratar y generar oportunidades reales para la gente de Jacobacci”.

En las distintas instancias de trabajo también se contemplaron los compromisos territoriales vinculados a la Comunidad Peñi Mapu, junto con la necesidad de sostener procesos de contratación transparentes y articulados entre la empresa, el Estado, el Municipio, las organizaciones sindicales y los actores locales.

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que la decisión no pone en discusión el desarrollo del proyecto Calcatreu. Por el contrario, busca garantizar las condiciones sobre las cuales la iniciativa recibió acompañamiento institucional y social. El desarrollo productivo tiene sentido cuando genera arraigo, fortalece las capacidades locales y permite que los beneficios de una inversión de esta magnitud permanezcan en el territorio.

La Provincia exigirá la regularización de los compromisos asumidos y continuará fiscalizando el cumplimiento de las condiciones laborales y de los acuerdos alcanzados. Río Negro acompaña las inversiones, pero los compromisos con los rionegrinos se cumplen.

Ley 80-20: el sector privado impulsa capacitaciones en Río Negro

En agosto del 2025, la Legislatura de la provincia sancionó una ley de mano de obra que reemplazaría de manera integral la Ley J Nº 2904 para establecer que al menos el 80% de la mano de obra contratada en obras públicas y privadas de interés provincial deberá ser local, definiéndose como tal quienes posean residencia efectiva en Río Negro. Además, se incorpora un mínimo del 20% de mujeres y disidencias, promoviendo la equidad de género en el empleo.

Entre las medidas principales, la ley crea el Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras Desempleados/as, dependiente de la Secretaría de Trabajo y articulado con municipios y sindicatos, para canalizar la oferta laboral local. También establece sanciones progresivas para los incumplimientos, que van desde multas hasta la rescisión de contratos.