Río Negro oficializó el cobro a extranjeros en salud y educación pública
Entró en vigencia la Ley Nº5820 que establece el cobro de aranceles para el acceso a servicios de salud pública y educación superior. Los ingresos serán destinados a un Fondo Especial para la Salud Pública.
La Provincia de Río Negro promulgó la Ley Nº5820 que establece el cobro de aranceles a extranjeros con residencia transitoria o precaria por el acceso a servicios públicos de salud y educación superior en la provincia. La norma fue promulgada por el Ejecutivo provincial tras haber sido aprobada con mayoría legislativa.
En la última sesión, la Legislatura de Río Negro sancionó la ley para establecer una regulación de los extranjeros en el uso de los hospitales, centros de salud y establecimientos educativos de nivel superior provinciales.
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La ley crea un Fondo Especial para la Salud Pública, integrado por los ingresos provenientes de los aranceles que serán percibidos a través de esta ley. Ese fondo será administrado por el Ministerio de Salud provincial y tendrá como objetivo financiar la atención sanitaria con la inversión en gastos de funcionamiento de los establecimientos, mejoras edilicias y adquisición de equipamiento y mobiliario.
Aplicación de la Ley Nº 5820
Un detalle no menor es que el texto aclara que queda expresamente prohibido destinar los fondos recaudados para el pago de salarios del personal de salud. Justamente se deberá invertir en capacitaciones y programas destinados a mejorar la calidad del servicio en hospitales y centros de salud.
Según el texto, los residentes transitorios y quienes cuenten con permisos de residencia precaria deberán abonar un arancel por asistir a establecimientos de educación superior y asistencia médica en hospitales públicos, mientras que los residentes permanentes conservarán la gratuidad para su acceso.
Los Ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos fueron designados como las autoridades de aplicación, con facultades para dictar las normas reglamentarias necesarias, fijar los montos correspondientes y garantizar la transparencia en la administración de los fondos. Ambas carteras deberán coordinar los mecanismos de cobro y supervisión en todo el territorio provincial.
La ley también se aplica a los extranjeros que asistan a establecimientos de educación superior dependientes de la provincia, como institutos terciarios, institutos técnicos superiores, institutos de formación docente e institutos universitarios como el Instituto Universitario Patagónicos de las Artes (IUPA) ubicado en General Roca.
El trabajo en comisiones y la resistencia en el debate
Días antes de la sesión definitiva, el proyecto fue analizado en comisión. Allí se hicieron presentes representantes de comunidades migrantes que residen en Río Negro desde hace décadas. Vecinos nacidos en Chile, Perú, Bolivia y Uruguay pidieron postergar el segundo tratamiento de la iniciativa para ampliar el debate fuera del recinto legislativo.
Uno de los voceros fue Abner Lobos Franco, chileno radicado en la provincia hace más de 50 años. “Toda esa colectividad está siendo agraviada, en un país donde la Ley de Migraciones es ejemplar e imitada por muchos países. A partir de ahora se inicia otro trato con los inmigrantes. Lo que se está haciendo es quitar un derecho histórico”, expresó.
Lobos criticó además los argumentos de reciprocidad: “No sirve decir que en otro país no atienden a un argentino como acá. Lo que corresponde es tener muñeca política para convencer a esas autoridades y lograr los mismos derechos”. También cuestionó la factibilidad de la medida: “Según el informe de la Universidad Nacional de Río Negro, hay alrededor de 1.500 inmigrantes en la provincia. ¿Van a montar oficinas de cobro para eso? ¿Cuánto va a salir?”.
Los fundamentos de los autores
El legislador Lucas Pica (JSRN), autor de la iniciativa junto a Facundo López, aclaró en la sesión que el proyecto no alcanza a los extranjeros con residencia permanente o temporaria, quienes continuarán accediendo en igualdad de condiciones que los argentinos.
“El objetivo es que los residentes transitorios y precarios contribuyan a solventar las erogaciones que generan en los sistemas de salud y educación. No se trata de discriminación por origen, sino de un criterio basado en el tipo de residencia, su finalidad y duración”, afirmó.
Pica enfatizó además que uno de los ejes centrales de la norma será la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otros países, de manera que los rionegrinos cuenten con iguales beneficios cuando necesiten atención o cursar estudios en el extranjero.
Votación y cierre del debate
Con mayoría oficialista, la Legislatura avanzó en la sanción definitiva de la ley, que había tenido media sanción en agosto. En aquel momento, Pica ya había defendido la medida como una forma de “custodiar el patrimonio de todos los rionegrinos” y priorizar a quienes pagan impuestos provinciales.
La discusión dejó expuestas dos posturas: de un lado, la del oficialismo, que considera el cobro una herramienta de sostenibilidad financiera para los sistemas públicos; del otro, la de las comunidades migrantes y sectores opositores, que lo interpretan como una restricción de derechos adquiridos y un retroceso en la tradición argentina de hospitalidad.
Con la sanción ya firme, el próximo paso será la definición de los montos de los aranceles y los mecanismos de aplicación, así como la eventual apertura de negociaciones bilaterales con los países de origen de los inmigrantes residentes en Río Negro.
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