Río Negro elabora su Código Procesal Penal Adolescente tras la reforma nacional

El Gobierno de Río Negro comenzó a elaborar un proyecto de Código Procesal Penal Adolescente y un protocolo de actuación específico para adecuar la estructura provincial a los parámetros dictados a nivel nacional. La medida busca fijar con precisión el funcionamiento de los distintos estamentos provinciales frente al nuevo esquema legal que extendió la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años.

La iniciativa provincial tiene como finalidad central determinar el procedimiento administrativo y judicial cuando un adolescente sea objeto de una investigación penal. El proyecto busca ordenar las intervenciones institucionales, definir los pasos que deberán seguir los organismos competentes y garantizar el cumplimiento estricto de los derechos de los jóvenes durante cada una de las etapas del proceso.

El marco de la Ley Nacional 27.801 y sus alcances

El proceso de adecuación iniciado en la jurisdicción responde a la sanción de la Ley Nacional 27.801, norma aprobada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero de 2026. Con esta legislación se dejó sin efecto el antiguo régimen penal de la minoridad, cuya vigencia se remontaba al año 1980.

Tras ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026, la nueva normativa entró formalmente en vigencia en todo el territorio argentino el 5 de septiembre de 2026. Su principal innovación estructural radicó en ampliar el alcance del sistema penal a la franja etaria de 14 y 15 años, quienes bajo el régimen normativo previo permanecían exentos de punibilidad.

Frente a esta modificación de escala federal, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro, mediante la Dirección Penal Adolescente, asumió la tarea de confeccionar los dos instrumentos normativos que permitirán adaptar la respuesta institucional en el ámbito provincial.

Cambios procesales y límites a las sanciones

El nuevo texto legal establece un esquema diferenciado para las personas que tengan entre 14 y 17 años al momento de ser investigadas por la presunta comisión de un hecho delictivo. Esto determina que los menores de 14 y 15 años queden incorporados al marco de las actuaciones penales, circunstancia que no estaba contemplada en la normativa anterior.

Sin embargo, el marco regulatorio aclara explícitamente que la inclusión de los jóvenes dentro del sistema no deriva automáticamente en la aplicación de penas privativas de la libertad o encarcelamiento.

La legislación prevé el uso prioritario de medidas alternativas al encierro, el despliegue de procedimientos especializados y la consideración de garantías particulares acordes al desarrollo de las personas menores de edad.

Respecto de las escalas punitivas, la norma nacional dispone un tope máximo de 15 años para las condenas privativas de la libertad y prohíbe de forma expresa la aplicación de penas de prisión perpetua para este grupo fraccional.

Esta reforma impone a cada uno de los estados provinciales la tarea de revisar y adaptar sus normativas procesales y esquemas administrativos. En la provincia de Río Negro, dicho proceso de formulación normativa se encuentra actualmente en curso.

Contenidos del proyecto para la provincia

La elaboración de una propuesta de Código Procesal Penal Adolescente constituye el eje central de las reformas locales. Mientras la ley sustantiva nacional fija las condiciones generales de la responsabilidad penal, el código procesal provincial es el instrumento que determina la tramitación concreta de las causas y los juicios en el fuero local.

El proyecto rionegrino busca integrar pautas procesales acordes a la edad de los imputados, resguardando las garantías especiales contempladas tanto en los tratados internacionales como en la legislación nacional.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del Gobierno de Río Negro, la redacción contempla las particularidades intrínsecas de las causas con adolescentes y tiene como meta la creación de procedimientos con diferencias sustanciales respecto a los aplicados a adultos.

Reglas provisorias del Superior Tribunal de Justicia

La estructuración del código definitivo cuenta con un antecedente de aplicación inmediata en el ámbito local. El 25 de septiembre de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro emitió una acordada mediante la cual estableció un conjunto de reglas provisorias para encauzar los procesos penales juveniles mientras se completa el trámite legislativo del nuevo código.

La resolución del máximo tribunal provincial dispuso la aplicación supletoria del Código Procesal Penal rionegrino en combinación con los principios y garantías previstos en las leyes nacionales y provinciales de protección integral de derechos.

Asimismo, la acordada del Superior Tribunal de Justicia fijó como pauta concreta que los adolescentes no podrán ser sometidos a juicios por jurados populares, diferenciando este trámite del esquema procesal común asignado a las personas adultas.

Protocolo de actuación e integración institucional

La segunda herramienta en proceso de elaboración por parte del Ejecutivo provincial es el Protocolo de Actuación en Materia Penal Adolescente. Este instrumento busca fijar criterios de actuación unificados para la totalidad de las dependencias que integran el sistema provincial de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

El objetivo central del protocolo es dar orden y coherencia a las intervenciones estatales en el marco de los expedientes judiciales, evitando que los distintos organismos públicos ejecuten criterios o procedimientos disímiles ante situaciones análogas.

La elaboración de estas pautas operativas toma como eje rector el principio del interés superior del niño. Esta premisa obliga a los organismos y funcionarios a evaluar minuciosamente los derechos, necesidades individuales y el contexto particular de cada adolescente al momento de adoptar determinaciones administrativas o judiciales.

Adicionalmente, la propuesta abarca la articulación de equipos técnicos especializados y el fortalecimiento de canales de coordinación interinstitucional entre las distintas áreas del Estado provincial.