Proponen suspender cortes de luz, gas y agua hasta 2027 en Río Negro
Buscan garantizar el acceso a los servicios esenciales en hogares vulnerables. El proyecto amplía la histórica Ley 4395 y prevé multas a empresas.
Ingresó un proyecto de ley para evitar suspender los servicios hasta diciembre de 2027.
Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que apunta a frenar los cortes de servicios públicos esenciales (gas, electricidad y agua potable) en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La propuesta, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, garantizando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.
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El texto legislativo presentado por los bloques Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT), prevé que ninguna empresa podrá interrumpir el suministro en domicilios donde residen personas que no puedan afrontar los pagos, jubilados o pensionados cuyos ingresos estén por debajo de la canasta básica, o familias con integrantes con discapacidad.
El proyecto contempla que cada familia presente una declaración jurada a las empresas de servicios para constatar los recursos económicos con los que cuenta.
Declaración jurada y reconexión inmediata
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar una declaración jurada ante las prestatarias, en formato presencial o digital, acreditando su situación socioeconómica. El alcance será para viviendas únicas y familiares, sin importar si el titular del servicio coincide con el ocupante.
Además, el proyecto establece que las empresas deberán ofrecer planes de pago accesibles, cuyos montos no superen el 20% de la factura de mayor consumo. En los casos donde el suministro ya haya sido cortado, las prestatarias tendrán 48 horas para restablecer el servicio sin costo de reconexión.
La Agencia de Recaudación Tributaria (ART) será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de intervenir ante negativas injustificadas de las compañías, aplicando multas diarias de $50.000 hasta que se cumpla con la restitución o la suspensión del corte.
El texto también impone la realización de una campaña de difusión masiva, coordinada por la Legislatura, la ART y las empresas prestatarias, para que la ciudadanía conozca sus derechos y las vías de acceso al beneficio.
Las empresas de distribución deberán difundir el alcance de las medidas junto a los entes provinciales.
Continuidad de una política histórica
El proyecto amplía los alcances de la Ley 4395, sancionada en 2009, que fue prorrogada en distintas oportunidades, la última hasta diciembre de 2025.
En los fundamentos, los legisladores subrayan que el actual contexto económico “de bajos ingresos, subempleo y aumento del costo de vida vuelve urgente garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis humanitaria”.
La propuesta fue elaborada en conjunto con la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche, organización que desde hace años impulsa medidas para proteger a los sectores más vulnerables frente a los cortes de servicios.
“Este proyecto no busca desfinanciar a las empresas prestatarias, sino establecer mecanismos de protección temporales y focalizados”, señala el texto. “Garantizar el acceso a la energía, el gas y el agua potable es garantizar derechos humanos básicos y condiciones de vida dignas”.
El proyecto establece que no se corte el suministro a las familias de escasos recursos que no puedan afrontar el pago de las boletas.
Voces en la Legislatura: “Una herramienta concreta de protección”
La legisladora Ana Marks explicó que el proyecto surge tras un seguimiento sobre la aplicación de la ley vigente y las dificultades detectadas: “Durante el último año realizamos pedidos de informe sobre la aplicación de esta ley, porque junto a la Asamblea de Jubilados de Bariloche vimos que no había información ni difusión suficiente, y que muchas familias seguían sufriendo cortes o acumulando deudas”.
“Entendemos necesario fortalecer la norma con mayor difusión obligatoria, sanciones ante el incumplimiento y una ampliación de los beneficiarios”.
Marks remarcó además el impacto social de la medida al destacar que “son muchas las familias que hoy deben elegir entre comprar alimentos, medicamentos o pagar la luz y el gas”. En este escenario, “esta ley es una herramienta concreta de protección, aunque sabemos que es un paliativo ante un problema estructural que requiere mejorar los ingresos, el acceso al trabajo y servicios públicos de calidad que no sean confiscatorios de los salarios”, sostuvo.
Las legisladoras Ana Marks y Magdalena Odarda son las impulsoras del proyecto.
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda destacó la continuidad del espíritu de protección que inspiró la norma original: “Esta ley resulta novedosa en relación con otras provincias y tiene carácter de defensa para las familias rionegrinas con menos recursos. Desde 2008 venimos sancionando leyes con contenido similar, por unanimidad, y siempre con el mismo objetivo: que nadie quede sin acceso a los servicios básicos por no poder pagarlos”.
El nuevo proyecto se presenta como una respuesta política y social ante el incremento tarifario y el deterioro del poder adquisitivo en los últimos años. Si prospera, Río Negro se convertiría en una de las pocas provincias del país con una legislación específica que suspende cortes hasta 2027 y fija sanciones económicas a las prestatarias que incumplan.
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