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La Justicia desestimó la causa por maltrato animal contra el "Refugio Chuliber"

El fiscal consideró que no hubo delito, pese a constatarse condiciones precarias y hacinamiento de 35 perros. Proteccionistas de animales, indignadas.

Los animales vuelven a estar en el centro de la polémica en Cipolletti. Tras el allanamiento en el barrio CGT en abril y que derivó en el rescate de más de 30 perros en condiciones de hacinamiento, la Justicia desestimó la causa penal contra José Luis Chuliber, conocido en redes como “Refugio Chuliber”. El Ministerio Público Fiscal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación por maltrato animal bajo la Ley Nacional 14.346.

El fiscal de la causa, Guillermo Ibáñez, dictaminó la desestimación de las actuaciones (legajo N° MPF-CI-01690-2025) por no encontrar “conductas típicas” que encuadren en los actos de crueldad o maltrato previstos en la normativa.

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Según el documento judicial al que accedió LM Cipolletti, durante el allanamiento se constató que los animales estaban hacinados, con problemas de salud y falta de movilidad, pero esas condiciones, aunque graves, no configuraban un delito penal.

En su resolución, el fiscal escribió: “Si bien se constató que los perros se encontraban en mal estado general debido al hacinamiento, las conductas desplegadas por el señor Chuliber no son encuadrables en las previsiones normativas como actos de maltrato o crueldad animal”.

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El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia por maltrato animal hacia Jose Luis Chuliber.

El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia por maltrato animal hacia Jose Luis Chuliber.

El funcionario judicial invocó además el principio de legalidad y el “in dubio pro reo” para justificar que, ante la falta de una descripción penal precisa en la ley, no correspondía avanzar con una imputación. “No surgen razones suficientes para considerar la conducta como ilícita que motive la persecución penal”, señaló Ibáñez.

No obstante, reconoció que la situación detectada “afecta notoriamente la convivencia vecinal y genera riesgos para la salud pública”, por lo que instó al Municipio a ejercer mayor control sobre este tipo de casos.

La reacción de Chuliber: “Me dañaron el buen nombre”

Poco después de conocerse la decisión, José Luis Chuliber publicó un descargo en redes sociales. “Después de todo el daño que ocasionaron con el allanamiento a mi domicilio, la Municipalidad de Cipolletti y Zoonosis no lograron reunir pruebas de maltrato animal en mi contra. El Ministerio Público Fiscal cerró el expediente por falta de pruebas”, escribió.

El hombre, que se presenta en la red social Facebook como “Refugio Chuliber”, apuntó contra funcionarios y grupos proteccionistas, insinuando que presionaron al fiscal para obtener la orden de allanamiento.

“Hay gente que se siente aludida sin haber sido nombrada. Tienen cola de paja. Ahora todos se van dando cuenta de quiénes coaccionaron al fiscal”, expresó en tono desafiante.

Además, adelantó que analiza iniciar acciones civiles: “Me reservo el legítimo derecho de accionar judicialmente contra todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan lesionado mi buen nombre y honor u ocasionado un daño moral”.

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El Municipio había presentado la denuncia penal en contra del hombre por reclamos constantes de los vecinos que manifestaban hacinamiento de perros y olores nauseabundos.

El Municipio había presentado la denuncia penal en contra del hombre por reclamos constantes de los vecinos que manifestaban hacinamiento de perros y olores nauseabundos.

Indignación entre las proteccionistas: “El proteccionismo no es acumular”

El fallo generó un fuerte repudio en el movimiento proteccionista de Cipolletti. Tanto la Fundación para el Bienestar Animal (Funpabia) como la Fundación SOS Animal cuestionaron duramente la desestimación judicial.

Desde FUNPABIA, su referente Soledad Bustamante fue contundente: “Nuestra lucha siempre fue y será por ellos. No buscamos perjudicar a nadie, pero cuando se cometen errores hay que reconocerlos. Durante años se ha callado una realidad dolorosa: una persona que se presenta como proteccionista acumula animales bajo el argumento de que los tiran en la zona. Sin embargo, esos animales no son dados en adopción ni reciben una oportunidad real”.

La organización calificó la medida judicial como “un retroceso” en materia de bienestar animal y pidió a la Justicia que, aunque no haya delito penal, se impida a Chuliber seguir recibiendo animales.

“Pedimos seguimiento y prohibición de sumar más perros. Recibimos hembras sin castrar, animales flacos, con bultos, con traumas, y varios con test positivo de ehrlichia. Algunos hoy están adoptados y son felices, otros siguen bajo nuestro cuidado”, agregaron.

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El operativo se desarrolló en la vivienda de

El operativo se desarrolló en la vivienda de "Chuliber" ubicado en el barrio CGT de Cipolletti.

Bustamante remarcó: “El proteccionismo no es acumular. Es respetar, cuidar y dar oportunidades. Queremos que se garantice el control, la castración y la dignidad de los animales que aún tiene”.

Por su parte, desde SOS Animal, que también recibió parte de los canes secuestrados, optaron por no hacer declaraciones públicas, aunque deslizaron su desánimo: “ Ya hemos hecho denuncias similares y terminaron desestimadas. Es frustrante”, señalaron. Confirmaron además que muchos de los perros rescatados ya fueron adoptados y viven con nuevas familias.

Por otro lado, surge el debate nuevamente de un apoyo real por parte del Estado hacia las proteccionistas, debido a que muchas veces se realizan este tipo de procedimientos judiciales para luego volcar la responsabilidad de cuidado a las Fundaciones, que con esfuerzo propio y de voluntarios, deben afrontar los gastos de alimentación y veterinaria.

La resolución judicial dejó al descubierto la brecha entre el marco legal vigente y las expectativas sociales sobre el trato hacia los animales. Mientras la Justicia se ampara en la falta de tipificación penal para cerrar la causa, las protectoras exigen que se actualicen las leyes y que el Estado asuma un rol más activo. Lo que para la Justicia fue una “conducta atípica”, para las organizaciones fue una señal de alarma.

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