Un policía destruyó evidencia y lo ocultó durante un operativo narco ¿Cuál era el objetivo?

Un efectivo de la Policía Federal fue acusado de haber ordenado a otro uniformado a su cargo la destrucción de un cigarrillo de marihuana durante un procedimiento realizado en el marco de una causa por una infracción prevista en la Ley 23737, que regula penas por tenencia y comercialización de estupefacientes.

El operativo se realizó el 23 de octubre de 2018 en San Carlos de Bariloche, y había sido ordenado por el Juzgado Federal de primera Instancia de esa ciudad.

El policía, identificado como Ricardo Ramírez, había sido imputado por el delito de “incumplimiento de sus deberes de funcionaio público”.

Incumplimiento de funcionario público

La fiscal interina María Cándida Etchepare le reprochó en la acusación haber ordenado a un subalterno destruir el porro considerado “un elemento de prueba”, y a su vez “ocultó esa situación” a la Fiscalía que estaba a cargo de la investigación. De ese modo, “tergiversando los hechos acaecidos y, concretamente, faltando a la verdad en las consultas efectuadas telefónicamente con la Fiscalía”.

Destacó la fiscal que la falta está tipificda en el Artículo 255 del Código Penal, como “destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente”.

La causa se encaminaba a juicio pero el 30 de octubre último la fiscal Jefa María Claudia Frezzini y el defensor del imputado, Jorge Rodríguez, le presentaron al juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral de Federal Roca, una propuesta de acuerdo para una Reparación Integral del Daño, un método alternativo de solución de conflicto, previsto también en el Código Penal.

Aporte económico para tres instituciones

El ofrecimiento consistió en el desembolso de 1.5 millones de pesos destinados a tres entidades de bien público de la ciudad cordillerana rionegrina: la Fundación "Ninquihue"; la Asociación Civil "Aimé Painé" y el área de salud mental del hospital Francisco López Lima. Cada una recibirá $500 mil.

“La Fiscalía y la Defensa han coincidido en que esta solución se adaptada al nuevo paradigma legal, promoviendo la aplicación justa de la ley y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado, conforme a las mandas de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148) y del Código Procesal Penal Federal”, sostiene la resolución conocida recientemente.

El magistrado aprobó la aplicación de la “reparación integral del daño” tal lo propuesto. Explicó que “mediando acuerdo con quien ejerce la acción pública entiendo que no existe controversia en cuanto a su aplicación”.

Policía Federal Bariloche

Aclaró que “la pretensión fiscal aparece con un límite que no puede ser rebasado por el magistrado cuando contempla una solución más beneficiosa para los derechos del imputado”, y agregó que el Ministerio Público Fiscal “es el único en quien reside la competencia de cargar en todas las etapas del proceso con la responsabilidad de 'presentar el caso' ante las distintas instancias judiciales”.

El juez dispuso formar una carpeta para llevar el control del cumplimiento del pago de las donaciones. Destacó que una vez corroborado el cumplimiento del compromiso asumido por el policía, se deberá declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento.