Piden que estatales que cobraron el Potenciar Trabajo devuelvan la plata

Legisladores del Bloque Pro Unión Republicana impulsan un pedido para que casi 200 empleados del estado rionegrino que cobraban el plan nacional Potenciar Trabajo, devuelvan el dinero percibido, presuntamente de manera ilícita.

El planteo lo presentó el legislador Juan Martín, presidente de esa bancada, con el acompañamiento de Martina Lacour, Juan Murillo Ongaro, Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti, María Laura Frei y Ofelia Stupenengo, y está dirigido a la Procuración del Tesoro de la Nación “a fin de que sin demora proceda a promover e instar las causas judiciales con el objeto del recupero de los fondos erogados indebidamente”.

El requerimiento se fundamenta en la Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano, que ordenó suspender el pago del beneficio a 4558 personas del país “que percibían dichos montos en fraude al sistema, o bien violentando las razones y argumentos que motivaron la creación de dicho plan asistencial”, sostuvo Martín.

En este sentido, resaltó que entre esos beneficiarios a los se dio de baja “figuran 68 rionegrinos, no obstante trascendió que los beneficiarios ´indebidos´ alcanzan hasta el momento la cifra de 198”.

Hasta el momento aparecen trabajadores de un solo organismo.

Efectivamente, desde Nación informaron que había detectado supuestas irregularidades, además de Río Negro, en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

El reporte incluyó los listados con nombres y apellidos de los empleados estatales que percibían dinero del programa.

La supuesta irregularidad está siendo investigada por la Justicia, en una causa que quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.

Función pública en la mira

En el caso rionegrino, el registro revela la particularidad de que quienes percibieron el plan son todos trabajadores de la Secretaría de la Función Pública, que pertenece al Ministerio de Economía.

El listado incluye sus números de DNI y CUIT y el período de consulta.

Aún es una incógnita la forma en que pudieron acceder al esquema asistencial, que el gobierno nacional puso en marcha a mediados de 2020. Tampoco se ha precisado durante cuánto tiempo percibieron el dinero.

Según se explica en www.argentina.gob.ar, la iniciativa tiene como objetivo "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica".

Está destinado a las "personas físicas que se encontraban bajo los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios”. Los beneficiarios debían cumplir "su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa".

Montos

El pago del Potenciar Trabajo es equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente es de $156.000, por lo que la cifra alcanza los $78.000 mensuales. Al finalizar el 2023 se incluyó un bono extraordinario de $10 mil para reforzar los ingresos.

El diario ambito.com informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el plan continuará existiendo en 2024 como funciona hasta el momento.

“Ilícito repulsivo”

Martín destacó que “si bien los montos que cada beneficiario percibió indebidamente durante el período que fuera seguramente no serán sumas siderales, sí lo han sido las cifras totales que la implementación de dicho programa asistencial representó –y representa- para las arcas públicas”.

“El gran volumen de beneficiarios indebidos de dicho programa y el despliegue territorial de estos permite inferir que se trató de un fraude sistemático, y no de casos aislados, por cuanto bastaba con cruzar datos con Anses y/o AFIP para advertir si los postulantes poseían o no trabajo en relación de dependencia, o si calificaban por su situación personal para acceder a dicho programa”, añadió.

Cuestionó también la falta de control por parte de las autoridades de ese momento y apuntó que la maniobra fue “deliberadamente dispuesta con fines clientelares que permitan tal nivel de permeabilidad del sistema de otorgamientos”.

Apuntó asimismo a las “cuestiones morales y éticas” de la maniobra, que constituyen “un ilícito repulsivo tanto al derecho penal como al derecho civil, el cual prevé las figuras de enriquecimiento sin causa, pago indebido, etc., corresponde por ello se accione en aras del recupero de los fondos”.

Para Martín, la “acción de recupero de dichos fondos tendrá definitivamente dos aristas positivas, por un lado el recupero económico y sus consecuentes efectos de reparación del daño, y por el otro, el efecto social ejemplificador que irradiará en tanto la sociedad percibirá que quien las hace las paga, y que no se puede enriquecerse indebidamente a costa de la totalidad de la población y que su única derivación sea ´hasta que alguien se dé cuenta y cese´”.