Nación acelera la privatización de las represas y desata tensión con Río Negro y Neuquén

El Gobierno nacional oficializó esta semana, mediante el decreto 263/2025, el inicio del proceso de privatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue. La medida establece un plazo de 15 días corridos para iniciar el Concurso Público Nacional e Internacional destinado a vender el paquete accionario mayoritario o controlante de las sociedades creadas para gestionar Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La decisión generó preocupación en los gobiernos de Río Negro y Neuquén, que habían solicitado formalmente más tiempo para analizar en profundidad el proceso. Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa enviaron una nota conjunta el 7 de abril, pidiendo un plazo razonable que permitiera a sus equipos técnicos evaluar con seriedad los pliegos de licitación. Sin embargo, el Gobierno nacional mantuvo su cronograma y redujo el margen a apenas dos semanas.

“El protagonismo de las provincias no puede limitarse a una consulta formal”, expresaron desde el Gobierno de Río Negro. Ambas jurisdicciones insisten en que deben tener una participación efectiva en la definición del nuevo esquema de concesión, no solo por la magnitud económica del proceso, sino por el impacto ambiental y social que estas infraestructuras generan en sus territorios.

El decreto, publicado el 10 de abril en el Boletín Oficial, asigna a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, junto a la Secretaría de Energía, la organización del concurso y la elaboración de los pliegos de bases y condiciones. Estas instituciones, dependientes del Ministerio de Economía, serán las encargadas de conducir el proceso de traspaso de control accionario, en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con su política de reformas estructurales en el Estado.

Desde ambas provincias se advirtió que las represas no solo producen energía. También regulan el caudal de los ríos, aseguran el abastecimiento hídrico a las poblaciones y tienen un papel clave en el equilibrio ambiental y el desarrollo regional. Por eso, remarcan que cualquier decisión sobre su futuro debe considerar integralmente sus impactos y contar con el acuerdo de las jurisdicciones afectadas.

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El Gobierno de Río Negro emitió un comunicado por la publicación del decreto 263/25 y la decisión "inconsulta" del Gobierno Nacional con las provincias.

Gentileza.

“Reivindicamos nuestra condición de titulares de los recursos naturales, junto a Neuquén. Es una posición inclaudicable que será resguardada indeclinablemente”, afirmó el Gobierno rionegrino a través de un comunicado.

Mientras tanto, los equipos técnicos de ambas provincias ya trabajan en el análisis detallado de los pliegos para formular observaciones conjuntas “desde una mirada federal y en defensa de los intereses estratégicos de la región”.

Con contratos de concesión próximos a vencer y un proceso de licitación en marcha, el futuro energético de la Patagonia, y su rol dentro de la matriz nacional, se juega en un tablero donde las provincias reclaman voz y voto. La tensión ya está planteada: las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el rumbo de un sector clave para el desarrollo argentino.