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Multan a una pizzería por tapar las cloacas con desechos

El DPA impuso una sanción al comercio por casi $200 mil. Los responsabilzaron por contaminar el sistema cloacal y no estar inscripto en al registro de descarga de efluentes.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) le impuso a una multa de casi $200 mil a una pizzería de Catriel por contaminar el sistema cloacal con desechos industriales.

El establecimiento se llama “House”, y está ubicado en la calle Ingeniero Garro 470 de la localidad petrolera, indica una Resolución publicada en el Boletín Oficial rionegrino.

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La causa se inició tras una nota presentada por Aguas Rionegrinas, la prestadora del servicio, en la que se informó sobre “reiteradas denuncias” contra el comercio por la “obstrucciones en la red cloacal pública”.

El expediente tuvo continuidad el 18 de octubre de 2022, cuando realizaron una inspección en el lugar y constataron que trabajaban con un “inadecuado sistema de tratamiento de aguas residuales industriales”, por lo que se le hizo entrega a su propietario de un formulario de Declaración Jurada para que lo presente en un plazo de 45 días.

A ello agregaron que con posterioridad, el 13 de enero de 2023, verificaron que el establecimiento “no cuenta con la autorización de descarga de efluentes otorgada” por el DPA.

Sin embargo y pese a las notificaciones enviadas, el empresario “no presentó descargo alguno” al respecto, por lo que se solicitó a la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del DPA que se aplique una sanción pecuniaria.

La sanción

De este modo se decidió imponer una multa por $180 mil por “descargar aguas residuales industriales a cuerpos receptores sin contar con la correspondiente aprobación” y otros 13.624,02 por no presentar en término las declaraciones juradas de inscripción al registro de descarga de efluentes que, como industria alimenticia, debería poseer.

La resolución instruye además pedir la intervención a la Dirección de Comercio para que emita la factura correspondiente.

En tanto que se advierte que en caso de no verificarse el pago de la sanción económica, se encomiende a la Fiscalía de Estado para que inicie un juicio de apremio.

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