Educación en Río Negro: ¿Se limitarán las faltas y se aplicarán suspensiones en secundarias?

Un proyecto de ley que ingresó a la Legislatura de Río Negro propone modificar de manera sustancial el régimen de asistencia y disciplina en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. La iniciativa plantea volver a establecer límites concretos de inasistencias, reintroducir sanciones como las amonestaciones y suspensiones, y generar un nuevo esquema de acompañamiento para los estudiantes que no cumplan con los requisitos.

La propuesta, impulsada por los legisladores Patricia Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, busca derogar la Resolución N° 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), vigente desde hace varios años. Según argumentan sus autores, ese marco normativo eliminó las consecuencias claras frente al ausentismo, lo que derivó en un aumento de inasistencias crónicas y debilitó la autoridad pedagógica en las instituciones.

Cómo es el sistema actual de faltas

Desde la implementación de la resolución vigente, el esquema educativo en la provincia dejó de tener un límite rígido de faltas como condición para sostener la regularidad. En ese contexto, el foco estuvo puesto en garantizar la inclusión y evitar la deserción escolar, priorizando la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo por sobre las sanciones.

Sin embargo, desde distintos sectores comenzaron a advertir que la falta de consecuencias concretas frente a reiteradas inasistencias generó efectos no deseados: menor compromiso con la asistencia, dificultades para sostener los procesos de aprendizaje y una sensación de desprotección ante situaciones de conflicto, como el bullying o la violencia escolar.

Qué propone la nueva iniciativa

El proyecto plantea la creación del Régimen de Asistencia, Responsabilidad y Reparación Educativa (RARRE), que introduce un cambio de paradigma en la regulación escolar.

Uno de los puntos centrales es el regreso a un límite numérico de inasistencias. En concreto, se establece un máximo de 25 faltas justificadas al año o 20 inasistencias totales (sumando justificadas e injustificadas). Además, se incorpora un criterio específico: cada tres llegadas tarde o retiros anticipados se computarán como una falta.

El sistema también prevé instancias de seguimiento progresivo. Cuando el estudiante alcance las 10, 15 y 20 inasistencias, se activarán mecanismos de notificación y acompañamiento para evitar que supere el límite.

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El proyecto establece hasta un total de 25 faltas justificadas al año o 20 inasistencias totales.

Estefania Petrella

Qué pasa si un alumno no cumple

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la definición de las consecuencias. Si un estudiante supera el máximo permitido de faltas, perderá la condición de alumno regular. Esto implica que no podrá acceder a la promoción directa de año y deberá atravesar instancias adicionales, como evaluaciones integradoras o la acreditación de contenidos en condición de alumno libre.

No obstante, la iniciativa establece que en ningún caso se prevé la expulsión definitiva del sistema educativo. El objetivo, según los autores, es reforzar la responsabilidad sin excluir.

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Los estudiantes de la secundaria, además podrán recibir sanciones por casos detectados de disciplina.

Estefania Petrella

Vuelven las sanciones disciplinarias

El proyecto también introduce cambios en el abordaje de la convivencia escolar mediante la creación del Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE). Este sistema clasifica las inconductas en leves, graves y muy graves.

Las faltas leves (como el uso inadecuado del celular o actitudes irrespetuosas) podrán ser abordadas con llamados de atención o actividades reflexivas. En tanto, las situaciones graves, como el bullying comprobado, daños materiales o agresiones verbales, podrán derivar en amonestaciones o suspensiones de entre uno y tres días.

Para los casos más severos (violencia física, amenazas o ciberacoso sostenido) se contemplan suspensiones de entre cuatro y diez días, e incluso la posibilidad de reubicación temporal del estudiante en otra institución.

Un punto novedoso es que las amonestaciones impactarán directamente en la asistencia: cada dos amonestaciones se computará una falta injustificada. Durante las suspensiones, además, el alumno no podrá asistir al establecimiento, aunque la escuela deberá garantizar tareas y evaluaciones para no interrumpir su trayectoria educativa.

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La iniciativa ya fue ingresada a la Legislatura provincial. (Foto: archivo)

Cuál es el objetivo del proyecto

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo central es recuperar el sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso en la escuela secundaria, sin abandonar la inclusión.

“El sistema actual, al eliminar consecuencias, no logró mejorar la inclusión educativa, sino que debilitó los aprendizajes”, plantearon. En ese sentido, el proyecto busca reequilibrar la balanza entre el derecho a la educación y las obligaciones que implica formar parte de una comunidad escolar.

A la vez, se enfatiza que el nuevo régimen no tiene un carácter exclusivamente punitivo. Por el contrario, incorpora medidas de reparación como tareas comunitarias, proyectos solidarios, talleres reflexivos o instancias de disculpa formal, según cada caso.

Además, se prohíben expresamente las prácticas humillantes o estigmatizantes, y se establece que ninguna sanción podrá afectar las calificaciones académicas.

Con este proyecto, la Legislatura abre el debate sobre cómo abordar el ausentismo, la convivencia y la calidad educativa en las escuelas secundarias de Río Negro.