Buscan extender por tres años el fondo de viviendas para estatales afiliados a ATE

El Poder Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone extender por tres años el Fondo Específico destinado a políticas habitacionales para trabajadores estatales afiliados a ATE, con el objetivo de garantizar su continuidad.

La iniciativa apunta a sostener y fortalecer el Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda, una herramienta creada en 2019 que busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante financiamiento para construcción, refacción, ampliación y obras de infraestructura básica.

Un programa con impacto en el acceso a la vivienda

El proyecto oficial plantea prorrogar la vigencia del fondo contemplado en la Ley J N° 5381, cuyo plazo original es de tres años, con posibilidad de extensión mediante una nueva norma, como la que ahora impulsa el Ejecutivo.

Según se detalla en los fundamentos, el programa fue concebido como una política estratégica para el desarrollo regional y la integración territorial, con foco en mejorar las condiciones de vida de las familias estatales.

Desde su creación, la iniciativa permitió canalizar recursos para facilitar el acceso a la vivienda digna, una problemática estructural que afecta a amplios sectores de la población, incluidos los empleados públicos provinciales.

Financiamiento y destino de los recursos

El Fondo Específico funciona como una cuenta especial en la órbita del Ministerio de Economía y tiene como finalidad nutrir un fondo fiduciario destinado exclusivamente a políticas habitacionales para afiliados a ATE.

Entre los destinos de estos recursos se encuentran el financiamiento de viviendas nuevas, obras de ampliación o refacción, y la ejecución de infraestructura básica en terrenos que carecen de servicios esenciales como agua, gas o electricidad.

El patrimonio de este fondo fiduciario se integra principalmente con aportes mensuales del Tesoro Provincial, equivalentes al 0,5% de la masa salarial de los trabajadores del Poder Ejecutivo afiliados al gremio estatal.

A estos recursos se suman bienes inmuebles transferidos por el Estado, ingresos derivados de operaciones financieras del fondo y eventuales aportes externos como subsidios, donaciones o contribuciones específicas.

Un esquema de gestión con participación gremial

La normativa vigente también establece la creación de un Consejo Asesor encargado de coordinar el diseño del programa junto con la autoridad de aplicación, además de supervisar su cumplimiento.

Este órgano está integrado por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y tres miembros designados por ATE.

El esquema busca garantizar la participación activa del sindicato en la toma de decisiones, fortaleciendo el control y la transparencia en la asignación de los recursos destinados a soluciones habitacionales.

La apuesta política detrás del proyecto

En los fundamentos del nuevo proyecto, el Ejecutivo remarca que la continuidad del programa responde a una decisión política orientada a sostener políticas públicas que promuevan la inclusión social y el desarrollo territorial equilibrado.

Asimismo, se destaca el compromiso del Estado provincial en destinar recursos económicos para garantizar el derecho a una vivienda digna, entendida como un factor clave para el bienestar y la estabilidad de las familias.

La prórroga del fondo se presenta, en este contexto, como una herramienta necesaria para dar previsibilidad a los beneficiarios y continuidad a los proyectos en marcha o en etapa de planificación.

Debate legislativo y expectativas

El expediente ya ingresó a la Legislatura rionegrina, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Se espera que la iniciativa genere debate entre los distintos bloques, en un contexto donde el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos de la provincia.

De aprobarse, la prórroga permitirá sostener durante tres años más una política que, según el Ejecutivo, ha tenido impacto positivo en el acceso a soluciones habitacionales para trabajadores estatales.