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Problemas con la recolección de la basura domiciliaria

A raíz de la protesta, el Municipio advirtió que no se pudo cumplir con el servicio en toda la ciudad. Se pondrá en marcha un esquema alternativo para llegar a los barrios con mayor densidad poblacional.

El Municipio denunció la "intempestiva situación" que desató un grupo de personas frente a Servicios Públicos para impedir "por la fuerza y con actitudes intimidatorias" hacia el personal que salga a trabajar. La protesta municipal tuvo un efecto inmediato sobre la recolección de la basura, que se cumplió solo parcialmente.

Por eso, durante la tarde de este lunes desde el Ejecutivo local se informó que se pondrá en marcha un esquema alternativo para solucionar la situación de los barrios con mayor densidad poblacional.

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Patricia Fernández, secretaria de Servicios Públicos, explicó que los recolectores “no pasaron porque un gremio no reconocido por la Municipalidad y que no tiene personería sindical” se instaló frente a los portones y paralizó el ingreso y salida de vehículos. El Municipio pidió la intervención de la policía y de la justicia provincial para permitir el normal funcionamiento de los servicios. “Lo que están haciendo es un delito, porque no dejan salir a trabajar a la gente. No es legal”, fundamentó Fernández.

También indicó que el sector sindical que lideró la protesta carece del reconocimiento del ministerio de Trabajo de Nación.

La fiscalía pone la lupa en el conflicto

Tras la denuncia que radicó el Municipio, la fiscalía investigará el hecho con el fin de establecer, primero, si hubo o no hubo delito. "Si la protesta fue sin bloqueo, no hay delito. Si existió bloque y hay un impedimento en el acto de prestar un servicio, sí lo hay", explicó el fiscal jefe Gustavo Herrera.

También intentarán establecer si, además del hecho denunciado, hubo amenazas y lesiones. "Todo puede englobar en un delito mucho más grave que es el de coaccionar al intendente para que ejecute una acción determinada", advirtió el fiscal. En el caso, que ofrezca un aumento salarial mayor.

"Si las acciones tienen ese propósito, impedir la prestación del servicio para generar un mal, coaccionando al intendente, es un delito grave", reiteró Herrera.

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