Techo Digno: volvieron a suspender una audiencia y se demora la definición del juicio
Hay un pedido de prescripción de la causa que presentó la defensa. Dos ex intendentes de Cipolletti, una funcionaria y empresarios están imputados.
La abogados defensores de los seis imputados. Solo el empresario José Zoppi, uno de los acusados, acudió a la audiencia.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió este jueves una nueva suspensión de la audiencia de control de acusación por la causa Techo Digno, en la que están imputados los ex intendentes de Cipolletti Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria Lucila Chiocconi y los empresarios de la construcción, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi. Salvo éste último, los demás acusados no estuvieron en la sala y siguieron las deliberaciones a través de la plataforma zoom.
La postergación la resolvió la magistrada luego de que los defensores pidieran un cuarto intermedio después de que el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna hiciera un largo alegato para rechazar el pedido de prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, como había reclamado el abogado de Baratti, Rafael Cuchinelli el 2 de este mes, y que de prosperar corresponde el sobreseimiento de todos.
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Márquez Gauna se opuso cerrar la causa porque aseveró que no hay prescripción para quienes ocuparon cargos públicos, porque desde esos puestos de poder los funcionarios tienen la posibilidad de influir en las investigaciones en los que están involucrados. Hizo hincapié en el caso de Tortoriello, que después de dejar la intendencia de Cipolletti fue electo diputado nacional -banca que ocupa actualmente- después fue candidato a gobernador y ahora nuevamente se postula para repetir un lugar en la cámara baja.
En su exposición, el fiscal fundamentó su planteo con la mención de una serie de antecedentes y fallos jurisprudenciales del Superior Tribunal de Justicia, de aplicación obligatoria.
Los defensores coincidieron en expresar que debían estudiar las sentencias reseñadas por Marques Gauna, por lo que pidieron un cuarto intermedio para acceder a esa información.
A su vez el fiscal recordó que en la audiencia realizada a principios de mes ante el pedido de prescripción había requerido los antecedentes penales de los seis imputados, un trámite que define el otorgamiento o no del beneficio. Pero aclaró que dos de los empresarios no lo habían presentado aún.
La jueza Berenguer accedió al pedido y dispuso el cuarto intermedio sin fecha de continuidad. De su decisión depende si cierra la causa por prescripción o le da continuidad para que se realice al juicio.
La causa y su origen
La causa judicial por Techo Digno, un programa para la construcción y mejoras de viviendas que puso en marcha el gobierno nacional en 2009 y que proyectó planes habitaciones en distintas localidades de la provincia, y varios de sus intendentes están siendo investigados por la Justicia por irregularidades en el manejo de esos fondos.
En Cipolletti se había previsto la edificación de 404 casas durante la intendencia de Baratti, en cuya gestión contrató a las empresas Zoppi Hnos., ECA S.A., Roque Mocciola S.A. y Zigma S.A. para ejecutar la obra. Sin embargo se inició una investigación y el Ministerio Público Fiscal detectó presuntos sobrecargos de precios de más de 27 millones de pesos y certificaciones de avances de obra falsos.
Ambos fueron imputados por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado".
Desde junio y diciembre de 2015, el municipio destinó pagos de anticipo financiero y certificados de obra por un monto total de $77.395.651 pese a que el monto correcto apenas superaba los $60 millones. “Es decir realizó un sobrepago de $16.551.411,02” detalló la fiscalía.
Mientras que del gobierno de Tortoriello, se indicó que en el primer cuatrimestre de 2015 se recibieron 22,8 millones de pesos, equivalentes al 11,26 % del convenio. Los montos debían completarse con $41.768.978,06, pero se abonaron más de $63.673.939,48 lo que representa un sobrepago de $21.904.961,42.
Molesto por la toma de huellas
José Zoppi fue el único empresario acusado que concurrió a la sala de audiencia. Por momentos se mostró tenso e hizo comentarios con su abogado defensor que no pasaron desapercibidos para Berenguer, quien les llamó la atención.
En un momento Zoppi levantó la mano y manifestó su queja por el trámite de la toma de huellas dactilares que se requieren para continuar con el proceso judicial y, con tono molesto direccionado a Márquez Gauna y ya con el micrófono en la mano, le pidió que hasta que no estén los registros dactilares de todos los demás imputados no se continúe con la audiencia. Y remató con una explicación del requerimiento: "... por haberme hecho pasar esa situación nada agradable".
La jueza se sorprendió ante el planteo y hasta le preguntó si su abogado "estaba del todo de acuerdo con lo que estaba diciendo", aunque luego dijo "corre por cuenta de él".
Seguidamente le recordó que había aclarado momentos antes que hasta que no contara con la totalidad de los informes papiloscópicos no iba a resolver el pedido de prescripción efectuado por la defensa, porque requiere necesariamente para su identificación las huellas dactilares de todos los imputados.
La magistrada también se encargó explicarle el porqué del trámite de toma de rastros. Destacó que es la forma más efectiva de identificación, dado que hay casos en que se utilizan nombres simulados o se repiten los números de documento.
"Aunque usted no lo crea la cuestión de la identificación es un gran tema", resaltó la magistrada e insistió en que el método dactilar "es lo único de lo que no se sospecha desde hace muchísimo tiempo". Aunque atisbó la intervención de la inteligencia artificial.
Los imputados y sus defensores
El ex intendente Abel José Baratti cuanta con el asesoramiento legal de Rafael Ángel Cuchinelli. Su predecesor, Aníbal Antonio Tortoriello es defendido por Gustavo Palmieri, mientras que la ex funcionaria del municipio cipoleño, Lucila Chiocconi, la representa Juan Ignacio Scianca.
En cuanto a los empresarios de la construcción, Arturo Rubén Mendiberri cuenta con la defensa de Juan Luis Vincenty; Domingo Mocciola a Carlos Alberto Gadano y José Daniel Zoppi a Iván Martín Chelia.
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