Lo dejó por agresivo y ahora lo denunció porque la sigue maltratando
La mujer relató que se fue de la casa el año pasado porque sufría violencia. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla.
Una vecina denunció a su ex pareja y padre de sus hijos por violencia de género. La presentación la realizó el jueves pasado en la Comisaría 26 de Fernández Oro.
En el escrito relató que durante la convivencia PJE (así lo identifican) “siempre fue muy violento”. Precisó que a menudo sufría insultos, gritos, agravios y hasta en “algunas oportunidades” también la agredió físicamente.
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Para terminar con los maltratos, agregó, en junio del año pasado decidió abandonar el hogar familiar.
Hostilidad sin fin
Sin embargo, aclaró que los ataques no terminaron con la separación, porque cuando tienen que tratar cuestiones relacionadas con los hijos que tienen en común, todos mayores, le responde nuevamente con “insultos, agravios, ofensas”.
La denuncia fue encuadrada en los lineamientos de la Ley 3040 -sobre la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares-, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz local, a cargo de la jueza Suplente Laura Pino, quien dictó medidas para resguardar a la mujer por el término de 90 días.
Explicó entre los fundamentos que “la víctima se encuentra en evidente estado de vulnerabilidad frente al victimario en razón del género, grupo éste especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos allí incorporados con rango constitucional”.
Prohibición de acercamiento
La magistrada le ordenó a PJE la prohibición de acercamiento a su ex a menos de 200 metros de su domicilio, como también en forma personal y donde transite por lugares públicos o privados.
A ello le agregó que tampoco deberá producir actos de agresión y hostigamientos mediante llamados telefónicos o mensajes de textos agraviantes a través de redes sociales.
Le advirtió la jueza que en caso de incumplimientos podrá ser sancionado con penas de arresto, multa económica o trabajos comunitarios. En tanto que si detectan que comete una “clara intención de violar las prohibiciones”, pedirá la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad.
En tanto, dispuso que ambos deberán requerir entrevistas para evaluar si requieren iniciar un tratamiento psicológico. Les sugirió presentare en el área de Salud Metal del hospital más próximo a su domicilio.
Asimismo, requirió elevar las actuaciones al Juzgado de Familia de Cipolletti. Mientras que también instruyó solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo ordenado. En caso de urgencia alertarlo a la Comisaría 29na.
Sumado a ello le informó a las partes que podrán requerir asesoramiento legal al CADEP -Centro de Atención de la Defensa Pública- ubicado en calle Roca y Sarmiento de Cipolletti.
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