El violento de las dos tobilleras GPS puede quedar libre

Un violento reincidente y sin ningún singo de rehabilitación puede volver a caminar por las calles de Cipolletti. Lo condenaron por agredir a dos mujeres y aun así volvió a amenazar de muerte a una de sus víctimas. Sin embargo, lejos de sumar tiempo de castigo podría ser liberado en los próximos días.

El hombre en cuestión es un empresario de la noche que entre sus antecedentes cuenta con episodios de violencia de género, familiar y laboral desde el 2017. Fue filmado cuando quiso ingresar a la casa de su expareja y le prendió fuego un auto. A partir de ese momento, vivió encarcelado o violando órdenes de restricción de acercamiento. Y fue acusado por otra mujer.

El empresario, Gastón Torralba, estaba en condiciones de pedir la libertad asistida, pero volvió a amenazar de muerte a una de sus víctimas. Lo reconoció él mismo, por lo que la denuncia se resolverá con un juicio abreviado. Allegados a la víctima temen que, por reconocer la culpa, esta nueva amenaza no sea penada con prisión efectiva.

Los hechos de violencia se hicieron públicos prendió fuego el auto de su ex, a quien amenazó de muerte al igual que a sus hijos. En ese momento estuvo preso 10 días, luego un mes por desobediencia a la prohibición de acercamiento dándose a la fuga. Esto llevó a un juicio abreviado donde el juez Guillermo Baquero Lazcano lo condenó a la pena de diez meses en prisión en suspenso, pautas de conducta por dos años, prohibición de acercamiento.

También se dispuso de un sistema de monitoreo electrónico dual. Él debía utilizar una tobillera GPS para controlar sus movimientos y la víctima disponía de un botón de pánico para alertar a la Policía si se le acercaba.

En el 2022, teniendo la tobillera electrónica cometió un nuevo delito de violencia de género en Las Grutas, donde se había radicado. Producto de ese ataque, contra otra mujer, la Justicia le colocó otra tobillera electrónica hasta el juicio. "No hay registro en el país de una persona con dos tobilleras electrónicas por violencia de género, pero se las pusieron en lugar de privarlo de su libertad", cuestionaron los denunciantes.

En el 2023 el condenado cometió un nuevo acto de violencia, amenazando nuevamente a la madre de sus hijos, denuncia que recayó en el fiscal Diego Vázquez. La denunciante se opone a la definición de un juicio abreviado por lo que espera que este martes 29, en la próxima audiencia, se resuelva en contra de la libertad asistida.

"Sin justica ni penas correctas, con acuerdos y arreglos entre “amigos”, la provincia de Rio Negro demuestra un sistema judicial poco prolijo, lleno de fallas, errores y favores adeudados", cuestionaron.

El reclamo a la Justicia

Este 29 de octubre se analizarán informes psicológicos del sistema penitenciario -que suelen ser favorables- "y es ahí cuando decidirá qué hacer con la libertad de Torralba, como también así con la seguridad de las víctimas, y de los menores, que sienten miedo de ver al violento en la calle", manifestaron los impulsores de una de las causas.

"Darle la libertad asistida sería una decisión absolutamente incorrecta, sin sentido, vergonzosa, humillante y peligrosa para las mujeres donde el violento resida", advirtieron.

Los querellantes, bajo reserva de identidad por temor, afirman que parte de la conducta violenta del condenado se relaciona con "abuso de drogas y alcohol" por lo que consideran probable que reincida. Además, manifestaron que tiene "antecedentes que dan motivos a sus problemas psicológicos, seguramente irreparables, de ir al límite en cuanto a lo que implica la ley, las reglas, las normas, ausencia de remordimiento ante el dolor causado, con un perfil violento, psicópata y manipulador".

"Está claro que la sociedad no quiere este tipo de personajes en sus ciudades, por miedo a la violencia descontrolada hacia sus hijas, sobrinas, madre, abuelas, amigas. Es por eso, que se pedirá a la Justicia que no le den la libertad, que garanticen la seguridad de las víctimas y que le prohíban el acercamiento a 200 kilómetros de los lugares donde viven sus víctimas, basándose en casos de jurisprudencia similares en la región y en el país, tomándolos como medidas ejemplificadoras".