Condenaron al ecuatoriano radicado en Cipolletti por aberrantes delitos contra la integridad sexual de niños
El sujeto de 37 años drogaba a menores, los abusaba y se filmaba. Las imágenes halladas fueron clave para la causa. Admitió su culpa y acordó una severa sanción.
Nelson Javier Bonilla Bravo, el hombre de nacionalidad ecuatoriana de 37 años de edad que residía en un barrio al norte de Cipolletti, fue condenado a 25 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual, producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia se conoció este lunes durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscal del caso Rocío Guiñazú propuso cerrar la causa mediante un juicio abreviado y presentó el pedido de pena con la conformidad de la defensora oficial Silvana Ayenao y la presencia de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de Alicia Merino, en representación de los menores víctimas.
Te puede interesar...
Bonilla Bravo admitió su culpa en los cargos atribuidos por la fiscalía. Lo responsabilizaron por atraer a niños y adolescentes a la casa donde vivía, donde les suministraba un potente somnífero que les provocaba la pérdida del conocimiento, para luego vejarlos. Pero no solo cometió esa aberración, sino que también se filmaba cuando consumaba los ataques y luego distribuía ese material.
Cómo llegaron hasta él
El proceso judicial comenzó con una amplia investigación por parte de la Fiscalía cipoleña que permitió la identificación del acusado como responsable de los abusos y de la elaboración del material. En julio de 2025 se le formularon cargos y se dispuso su prisión preventiva en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de esta localidad, medida que se extendió un año después al detectarse nuevas víctimas.
Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo un abordaje integral que incluyó entrevistas con allegados y familiares, la realización de Cámaras Gesell a las víctimas identificadas, y la incautación junto con el análisis pericial de dispositivos móviles y demás elementos de prueba. En paralelo, se brindó contención e intervención especializada mediante la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y los organismos de protección correspondientes.
En el marco de esa misma pesquisa, la Fiscalía imputó en abril de 2026 a un segundo hombre por tenencia del material y encubrimiento, quien también cumple prisión preventiva por un año.
Ya cumple la pena, que no tiene beneficios
La pena impuesta al condenado comenzó a ejecutarse de forma inmediata tras el acuerdo entre las partes y la renuncia a los plazos de apelación. El tribunal colegiado a cargo del caso estuvo integrado por los jueces Julio Sueldo, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez, quienes dispusieron además que el condenado asuma los costos del proceso judicial.
Desde la Fiscalía señalaron que según el artículo 56 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad prohíbe otorgar beneficios propios del período de prueba —tales como salidas transitorias, semilibertad, prisión discontinua, semidetención y libertad asistida— a las personas condenadas por este tipo de delitos calificadas como causas graves.
Para resguardar los derechos de las víctimas y la efectividad de las tareas de investigación, el Ministerio Público solicita absoluta reserva en el tratamiento de la información. Se recuerda que las leyes nacionales 20.056 y 26.061 prohíben la difusión de datos, nombres, antecedentes o imágenes que permitan identificar, de forma directa o indirecta, a los niños, niñas y adolescentes involucrados.
Como actuaba el pervertido
La acusación elaborada por la Fiscalía describió que Nelson Javier Bonilla Bravo captaba a niños y adolescentes en su vivienda ubicada en un asentamiento de la zona norte de la ciudad, donde les suministraba fármacos en bebidas para hacerlos perder el conocimiento y los violaba. Todo habría ocurrido entre 2023 y mediados de 2025.
Pero además filmaba esos hechos y habría enviado imágenes a al menos dos personas. Una de ellas es el joven que también está imputado y detenido.
La prueba que lo incrimina estaba en el teléfono y una notebook que le secuestraron en un allanamiento efectuado en su domicilio el mes pasado, cuando fue detenido. Se trata de fotos y videos que causan escozor, según trascendió.
En ese material aparecen chicos que no habían sido identificados. Pero también hayotros menores cercanos a su entorno de amistades. El testimonio obtenidos fueron clave para comenzar a descorrer el velo de la trama de depravación que estaba ocurriendo, y que dieron inicio a la causa.
Leé más
Cómics, animé y cultura retro pop: vuelve la convención Animacom a Cipolletti
Uber en Cipolletti: conductores foráneos, operativos contra ilegales y la convivencia con los taxis
Noticias relacionadas
Lo más leído














