Piden prisión efectiva para ex funcionarios provinciales

Con los alegatos de la Fiscalía y las defensas, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, concluyó este miércoles el debate en la causa judicial por el presunto delito de "administración fraudulenta de fondos públicos".

El Fiscal de Cámara Fabricio Brogna requirió hoy al Tribunal una condena de prisión efectiva y solicitó 4 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Omar Contreras y Claudio Mozzoni y 3 años y 6 meses de prisión para Susana Parra, además de la misma inhabilitación.

Por su parte, los abogados defensores de los imputados, Juan Carlos Chirinos que ejerce la defensa de Contreras y Mozzoni, y Aldo Bustamante de Susana Parra, con el mismo criterio, pidieron la absolución de sus defendidos, subsidiariamente la absolución por el beneficio de la duda y en caso de que el Tribunal considere necesario la aplicación de una condena,que la misma sea por la pena mínina y de ejecución condicional. Los Jueces Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Ariel Gallinger darán a conocer la sentencia el día 10 de diciembre a las 12.30 horas.

Al formular su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal determinó para Contreras y Mozzoni, una calificación legal a título de "autor del delito de administración fraudulenta agravada pro haber sido cometida en perjuicio de la administración publica provincial, en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". En el caso de Contreras por el segundo hecho y en el de Mozzoni por dos hechos que concursan en forma ideal entre si.

Para Susana Parra la calificación legal fue de "partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración publica provincial, -dos hechos-, que concursan en forma ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Al momento de fijar la pena, el Fiscal Brogna consideró como agravantes la falta de introspección acerca de la significación del delito o autojustificación y la defensa o normalización de conductas reñidas con la ley dando una versión que contradice la prueba producida. También valoró como agravantes el distinto grado de responsabilidades de cuerdo a la importancia de los cargos que detentaban los mismos al momento de los hechos. En tanto tomó como atenuantes entre otros aspectos, la carencia de antecedentes de los imputados, y en el caso de Parra su condición de madre y jefa de hogar.

En este proceso fueron juzgados el ex ministro de Turismo, Omar Contreras, el ex secretario de Medios de Comunicación, Claudio Mozzoni y la ex delegada de ese organismo en Bariloche, Susana Parra, a quienes, según la investigación judicial, se les atribuye haber contratado en forma irregular en el período comprendido entre marzo y septiembre del año 2008, pautas publicitarias a la productora Al Kabir, en la que tenía un porcentaje la periodista de la ciudad andina, para sendas campañas publicitarias que no se emitieron tal lo establecido.

Los Hechos:

Según la investigación judicial, se les atribuye a Parra y Mozzoni el denominado "primer hecho", "ocurrido en la ciudad de Viedma, en fechas ubicadas entre el 10 de marzo y el 24 de Septiembre de 2008, cuando Mozzoni, Secretario de Comunicación de la Provincia de Río Negro, en forma irregular habría adjudicado pautas publicitarias del Estado Provincial a favor de Al Kabir S.R.L. (sociedad que pertenece, administra y representa los intereses de Susana Parra, socia gerente, que a su vez resultaba ser a esa época funcionaria a cargo de la Delegación Bariloche de la Secretaría de Medios de Comunicación de Río Negro), constando bajo la condición que emitiera un programa de entrevistas para la "difusión institucional" los domingos a las 14.00 hs. por Canal 6 Bariloche, todas suscriptas por el Secretario de Comunicación Mozzoni, a sabiendas que dicha contratación no podía ser celebrada en tanto Al Kabir SRL en realidad representaba a Parra quien era a la fecha funcionaria pública en el área de la Secretaría de Comunicación. Asimismo, en tanto conocían que el programa no era emitido, y que la contraprestación no sería prestada."

Consta que "aún así, por ese accionar, habría contratado ilegalmente con una sociedad de propiedad de Parra, una funcionaria pública provincial, abonando un servicio en ese período a sabiendas que nunca se cumplió con el objeto de las contrataciones publicitarias, importando además con ésta acción transgredir las normas de contratación administrativa (art. 24, incs. c, d y e de la ley 3487), ya que la socia Gerente de Al Kabir S.R.L., Susana Parra a la vez se desempeñaba como funcionaria pública en la Delegación Bariloche de la propia Secretaría de Comunicación, cumpliendo tareas en la Secretaría de Prensa en Bariloche, teniendo vedado celebrar negocios con el Estado."

Se detalló en el expediente que "las adjudicaciones se habrían materializado mediante las órdenes de publicidad del siguiente detalle: a) pedido de espacio nº 232 del 10/03/08, fecha de publicación marzo 2008 por $3500, b) pedido de espacio nº 503 del 09/04/08 publicación abril 08 por $3500, c) pedido de espacio nº 758 del 29/04/08 fecha de publicación mayo 08 por $3500, d) Pedido de espacio nº 1041 del 29 de mayo de 2008, fecha de publicación junio de 2008 por $3500; e) pedido de espacio nº 1348 del 26/06/08 fecha de publicación julio 08 por $3500, f) pedido de espacio nº 1709 del 30/07/08 fecha de publicación agosto 08 por $3500, g) pedido de espacio nº 2084 del 03/09/08 publicación septiembre 08 por $3500, h) pedido de espacio nº 2426 del 24/09/08 fecha de publicación octubre 08 por $3500, i) pedido de espacio nº 2779 del 03/11/08 fecha de publicación noviembre 08 por $3500; todas emitidas bajo la normativa del decreto Nº 750/93 que le otorga al Secretario de Comunicación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, responsabilidad exclusiva en la planificación y contratación de la publicidad oficial para todas las entidades del Estado."

Se desprende de la investigación que "al no cumplirse con la emisión correspondiente de la pauta publicitaria respectiva por inexistencia del programa televisivo en cuestión (programa de entrevistas domingo 14.00 hs., Canal 6 Bariloche), se habría desviado dinero del erario público provincial, procurando los sospechados un lucro indebido en provecho personal provocando un perjuicio patrimonial que se incrementaba sucesivamente ante cada renovación, indebida por ausencia de contraprestación, generando una erogación ilícita de las arcas públicas por la suma total de $31.500".

Se indicó que "para aparentar en el expediente la prestación del servicio, en todos los períodos Parra habría presentado en las instancias administrativas certificación de la emisión de la publicidad, que habría sido visado por Mozzoni, conformando el informe."

En tanto el denominado "segundo hecho", atribuido a Susana Beatriz Parra, Claudio Anibal Mozzoni y Jose Omar Contreras, " habría acontecido en la ciudad de Viedma, cuando José Omar Contreras, en su carácter de Ministro de Turismo, habría contratado en forma directa y con posterioridad a la fecha de reconocimiento del inicio de la actividad que contrataba, a Al Kabir SRL a través de su socia gerente, Susana Beatriz Parra, mediante resolución Nº 711 del 3 de julio de 2008 dictada en el expediente nº 116.330-T-08 para la realización de publicidad institucional durante el período junio-diciembre del año 2008, y reconociéndole asimismo derechos por el mes de mayo, ya pasado.

Así, actuó asignándole ilegítimamente pauta publicitaria de dicho Ministerio por un total de $36.000 discriminado del siguiente modo: mayo $4500, junio $4500, julio $4500, agosto $4500, septiembre $4500, octubre $4500, noviembre $4500, y diciembre 2008 $4500, habiéndose perjudicado patrimonialmente al Estado Provincial en una suma prima facie establecida en $36.000, pues la contratación tenía el objeto de promoción turística durante el período mayo a diciembre de 2008, por canal 6, prog. Actualidad Rionegrina, Bariloche, el que nunca se habría cumplido por falta de emisión del espacio respectivo, a sabiendas que no se habían efectuado las de los períodos devengados, ni serían efectuadas las futuras, por no existir la plataforma de emisión del programa "Actualidad Rionegrina".

Según se pudo verificar en la investigación judicial, "en dicha contratación el Secretario de Comunicación Claudio Anibal Mozzoni habría participado justificando la razonabilidad del precio a pagar, y firmando el pedido de espacio nº 949 del 16/05/08, por el monto total de $36.000, respecto de la firma Al Kabir, emitido bajo la normativa del decreto 750/93 que otorga al Secretario de Comunicación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, responsabilidad exclusiva en la planificación y contratación de la publicidad oficial para todas las entidades del estado, lo que habría extendido a sabiendas que el contrato no sería cumplido, y que quien dirigía la sociedad co-contratante, no podía firmar con el Estado Provincial, por imperio de la ley 3487, arts. 24, incs. c, d y e, ya que se desempeñaba como funcionaria pública en la Delegación Bariloche de la propia Secretaría de Comunicación, cumpliendo tareas en la Secretaría de Prensa sita en Onelli 1450 de Bariloche, teniendo vedado celebrar negocios con el Estado."

En el caso, "para aparentar en el expediente la prestación del servicio, en todos los períodos Parra habría presentado en las instancias administrativas certificación de la emisión de la publicidad, que habrían sido visadas por Mozzoni, conformando el informe".