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Piden al gobierno que actúe para frenar la violencia de la RAM

Más de 100 dirigentes políticos enviaron una nota al Gobierno Nacional exigiendo una rápida actuación en contra de los grupos violentos.

Más de 100 firmantes, entre los que se encuentran Miguel Ángel Pichetto y Lorena Matzen, exigieron al gobierno nacional una respuesta institucional para juzgar a los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y prevenir nuevos episodios de violencia en la Patagonia.

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El documento, que también acompaña Patricia Bulrrich y otros dirigentes vinculados a Juntos por el Cambio, describe los hechos violentos que se adjudicó la agrupación que lidera Facundo Jones Huala y sostiene que los mismos podrían ser considerados delitos transnacionales, por haber sido cometidos tanto en Argentina como en Chile y protagonizados por grupos armados que buscan sembrar temor en la sociedad.

En ese contexto opinaron que el accionar de la RAM podría encuadrarse en las prescripciones previstas en la Convención Internacional contra la Delincuente Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, un pacto avalado por la ONU.

Para argumentar esa postura, mencionaron que los delitos fueron cometidos por grupos organizados, conformando así una asociación ilícita, afectaron bienes públicos y privados, fueron extremadamente violentos, con despliegue de armas y substancias inflamables y con total desprecio por la vida humana.

Pero además describieron artículos del Código Penal Argentino para que sus integrantes sean juzgados, aplicando la máxima rigurosidad de las leyes nacionales. Mencionaron delitos como usurpación (artículo 181), daño (artículos 183 y 184), incendio y otros estragos (artículo 186), tenencia de armas (artículo 189 bis), entorpecimiento del transporte y las comunicaciones (artículos 194 y 197), instigación a cometer delitos (artículo 209), asociación ilícita (artículo 210), intimidación publica (artículos 211 y 212), atentado contra el orden constitucional (artículo 226), atentado y resistencia a la autoridad (artículos 237, 238 y 239), entre otras.

En el mismo sentido, los firmantes opinaron que “a las conductas de la RAM deberían ponderarse los agravantes establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación, una norma resultante de la aprobación por parte de nuestro país del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York: 1999)”.

Acción político criminal

Luego de describir los hechos violentos que involucran a la agrupación que conduce el prófugo Jones Huala, pidieron al Estado Argentino una acción política criminal para juzgar a sus miembros – a pesar de que sólo el lonko reconoció integrar esa agrupación- y prevenir nuevos atentados.

Para ello opinaron que es indispensable articular con el gobierno de Chile, a través de los canales diplomáticos, una estrategia penal coordinada entre ambos. Además sugirieron poner a disposición de los investigadores las herramientas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC), para conocer el despliegue de la agrupación en el país y conocer cuáles son sus planes.

Además mencionaron la importancia de investigar el origen de los fondos que obtiene la agrupación, para actuar sobre ellos y actuar sobre los mismos.

Describieron también la necesidad de un trabajo conjunto entre los poderes judiciales provinciales y federal, a fin de evitar conflictos de competencia y coordinar las acciones judiciales a desarrollar por los respectivos ministerios públicos.

Para prevenir nuevos atentados y “reprimirlos”, consideraron fundamental el despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, para que desarrollen las tareas en el terreno.

Los firmantes marcaron una clara diferencia entre las comunidades mapuches que se ajustan a las normas nacionales, reconocen al Estado Argentino como tal y cuentan con los avales y el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Para ello proponen que ese organismo establezca una línea divisoria entre los grupos que reivindican sus derechos ajustándose a la Constitución Nacional y aquellos que, de modo organizado, cometen acciones delictivas de finalidad terrorista.

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