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Empresarios de la construcción advierten que hay 3.500 obras públicas paralizadas en el país

Aseguran que tienen pagos atrasados desde noviembre y que se han perdido 100 mil puestos de trabajo directo. En la Rural se lleva a cabo el Congreso de la Construcción.

Los empresarios de la construcción están preocupados por la parálisis de la obra pública en el marco de fuerte plan de recortes de gastos del gobierno nacional. Prácticamente, todos los proyectos han quedado paralizados este año y en algunos casos se negoció el traspaso a las provincias. Se estiman que son unos 3.500 emprendimientos.

Así lo dejó en claro el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, en el marco de la convención anual del sector en el predio de la Rural, en el barrio porteño de Palermo.

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“El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional, que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas", afirmó Weiss.

El empresario advirtió que se registra "una caída de 100.000 puestos de trabajo directos” y que como por cada puesto directo se genera uno indirecto “lo que hay en riesgo un número importante de puestos de trabajos"-

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En ese sentido, remarcó que "existen alrededor de 3500 obras públicas nacionales paralizadas, muchas de las cuales no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio”.

La situación de paralización mencionada tendrá un efecto inmediato en el estado y seguridad de uso de la infraestructura existente. Es un enorme dispendio de dinero no conservar lo existente. Recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma", planteó Weiss.

En ese sentido, resaltó que resulta fundamental "completar las obras en curso evitando su deterioro y el despilfarro de lo ya invertido; y reiniciar las tareas de mantenimiento de la infraestructura existente, para evitar recuperaciones tardías -más costosas- y para evitar peligros a la seguridad y daños a la actividad productiva afectada por el mal estado o mal funcionamiento del servicio. Estas dos cuestiones deben ser atendidas a la brevedad y con urgencia".

Por último, Weiss remarcó que "estamos asistiendo a niveles de pobreza e indigencia que no nos pueden dejar quietos. El tejido social, penetrado por el narcotráfico y la inseguridad, se disuelve con graves consecuencias para todos. Nos atrevemos a decir que la construcción de infraestructura, como generadora de calidad de vida y promotora de empleo, tiene un rol formidable que cumplir".

La mirada de un economista

El exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, aseguró que la obra pública se llevó la peor parte del ajuste del presidente Javier Milei. Según el economista, se llegó a esta situación porque el Gobierno “no tiene dónde más ajustar”.

Al hablar en el marco de la convención anual del sector, Alvarez Agis consideró que el gobierno está en una “etapa de transición” hacia un nuevo régimen macroeconómico, el cual consistirá en un tipo de cambio bajo, con apalancamiento financiero del exterior.

El economista, titular de la consultora PxQ, dijo que el nuevo régimen al que apunta el gobierno es similar al que había durante el período de convertibilidad. “En aquel momento la gente votó por pasar de un régimen de 3000% de inflación a uno de 2%, pero costo de 14% de desempleo”, recordó.

En otro aspecto, advirtió que los empresarios de la construcción están configurados todavía en función del régimen macro anterior, del gobierno de Alberto Fernández. de cepo al dólar y retraso de tarifas, con actividad económica y bajo desempleo, pero de alta inflación.

Si bien defendió el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), el que consideró fundamental para los planes del gobierno, puso reparos respecto de la capacidad del mismo para generar confianza en los inversores del exterior.

“Todos los gobiernos han roto contratos. Este gobierno pagó con bonos al 50% la deuda con las generadoras eléctricas”, planteó Alvarez Agis, quien indicó que el costo de la mala reputación del país es “la suba de la tasa de retorno” de las inversiones.

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