Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero al borde del juicio oral: de qué se lo acusa

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y de otras 14 personas en la causa que investiga el desvío de fondos públicos que eran pagados por el Estado a través de planes sociales. El tribunal rechazó las apelaciones que presentaron las defensas de los acusados.

Mediente un fallo, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, jueces de la Sala IV de Casación, explicaron que: “los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión del a quo de rechazar los planteos de nulidad y confirmar los procesamientos de los aquí imputados así como las medidas cautelares dispuestas”, señalaron los jueces. Con este fallo, los acusados quedaron muy cerca del juicio oral y público.

De qué lo acusan a Eduardo Belliboni

Casación intervino ante las apelaciones al fallo de la Cámara Federal que en noviembre pasado ya había confirmado el procesamiento de los acusados en un fallo en el que además agravó su situación: se les imputa los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.

Para el tribunal los acusados sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, que quedaban afuera de un programa ideado para promover su inclusión social. “Las comprobadas exigencias de asistir a las movilizaciones se las calificará como amenazas coactivas, mientras que a la obligación de aportar un porcentaje de su sueldo será subsumida bajo la figura de extorsión”, agregó la Cámara.

Paro Polo Obrero.jpg

La Justicia acusa a Eduardo Belliboni y otros 14 sindicalistas del Polo Obrero de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Foto: LMNeuquén.

Para la justicia quedó demostrado que el Polo Obrero recibía fondos públicos de planes sociales que eran desviados con fines políticos y que quienes los recibían eran amenazados para ir a movilizaciones a cambio de ese beneficio.

Como las organizaciones sociales están a cargo de las unidades de gestión donde los beneficiarios de planes deben realizar una contraprestación obligatoria a cambio del cobro del plan, la extorsión se materializaba con una amenaza: quienes no aportaban su cuota y no participaban de las marchas se quedarían sin el subsidio.

Cómo eran las extorsiones a los beneficiarios de planes sociales

El caso comenzó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. Aquel díase habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. El Gobierno aseguró que recibió miles de llamado y radicó la denuncia en Comodoro Py. Con la instrucción delegada, el fiscal Gerardo Pollicita acotó 45 llamados en la zona CABA, intentó localizarlos, solo algunos aceptaron declarar en la causa y con esos testimonios avanzó para pedir detenciones y allanamientos.

Facturas truchas

A partir de entonces, el juez Casanello avanzó sobre la pista del lavado de dinero: fue porque en los allanamientos encontró pruebas de facturas truchas y sospechas de facturación apócrifa. Llamó a una veintena de referentes, encabezados por Belliboni a indagatoria. Todos negaron las acusaciones. El juez terminó dictando procesamientos, pero el fiscal apeló por las figuras penales que no alcanzaban a los líderes del Polo Obrero y porque quería que se llamara a indagatoria a Emilio Pérsico, el hombre del Movimiento Evita que fue funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y que, según la fiscalía, estaba de los dos lados del mostrador.

polo obrero.png

Para la Cámara Federal, a través de los chats analizados en la causa quedaba claro que “uno de los motivos por los cuales la gente en situación de vulnerabilidad y en virtud de esta precaria condición seguía incorporándose a las filas del Polo Obrero y no a otras unidades de gestión”. “El motivo era claro: la contraprestación exigida para cobrar el plan era participar de las actividades anunciadas (“marchar”), en lugar de cumplir con una labor y horario fijo”, aseguró.

“Llega tarde y se va temprano no se las va a contabilizar como movilización completa”, decía un mensaje del 02/11/2023. “Si no se moviliza, no se suma a las jornadas y todo lo demás, se va a perjudicar ella, no otra persona. Y cuando tengamos que hacer recategorizaciones o ‘altas por bajas’, se va a ver afectada, eso tiene que entender. Y si no puede movilizarse porque tiene una discapacidad, bueno, tendrá que presentar un certificado”. “De los mensajes transcriptos se desprende que, a diferencia de otras unidades de gestión menos “flexibles” donde debían concurrir todos los días de 8 a 14, se validaba como la contraprestación exigida para recibir el subsidio, por fuera de lo estipulado en los convenios celebrados con la unidad de gestión y la reglamentación del propio Plan Potenciar Trabajo. Todos estos elementos ponderados por el juez en su resolutorio demuestran a las claras que el hecho de asistir a una movilización no era algo voluntario sino una obligación con consecuencias negativas en caso de incumplimiento” se señaló.

Eduardo Belliboni siempre mandó por WhatsApp en el grupo de Polo CABA (...) audios de un minuto, dos minutos, a veces más también diciendo que nosotros teníamos que convocar a la gente con fuerza a la movilización, siempre con fuerza y a esa gente nosotros teníamos que avisarles personalmente que tenían movilización o enviar por los grupos, no sé, ellos nos mandaban el instructivo también, mandaban unas fotos diciendo la dirección exacta donde iba a ser la movilización (...) poner la información esa digamos que ellos nos dan (...) media hora antes, con fuerza todo (...) y lo mismo de Jeremías”, dijo uno de los imputados-colaboradores que declararon en la causa. Jeremías es Jeremías Cantero, el número dos del Polo Obrero y a quien también se le pide ampliar el procesamiento por extorsiones.