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Marcha contra el desalojo de la toma de Labraña

Hoy está prevista la audiencia de formulación de cargos y volverán a insistir con el pedido de desalojo a la nueva jueza de la causa.

Esta tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos contra unas 70 personas que ocuparon en agosto pasado las chacras de Kohan en la zona del barrio Labraña. Además, se volverá a insistir con un pedido de desalojo inmediato para evitar que el asentamiento se expanda y se consolide más.

La audiencia estará presidida por una nueva jueza, la magistrada Laura González Vitale, luego de que la jueza anterior que rechazó la medido cautelar de desalojar abandone la causa.

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Según se conoció, en el encuentro de hoy se va a proceder a la formulación de cargos contra los ocupantes por el delito de usurpación luego de vencer el plazo que se había previsto para negociar. Al no llegar a una solución, la justicia avanzará con la acusación formal. Además, la abogada que defiende al propietario de la chacra junto con fiscalía insistirán con el pedido de desalojo.

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La audiencia será acompañada desde la calle por manifestantes quienes desde temprano recorrieron las calles cipoleñas para rechazar un posible desalojo.

A las 10 salieron de barrio Labraña un nutrido grupo de vecinos y marcharon primero hasta las puertas del edificio municipal sobre la calle Yrigoyen, y luego continuaron el recorrido hasta el juzgado de Urquiza y España.

Desde la calle esperarán la audiencia, e indicaron que rechazarán la decisión de desalojar si así lo dispone la jueza.

La jueza que rechazó el desalojo fue denunciada

La abogada que representa al propietario de la chacra de barrio Labraña, usurpada el 27 de agosto pasado, denunció en el Consejo de la Magistratura a la jueza cipoleña Agustina Bagniole. Según expresó, la resolución fue arbitraria y pide que se investigue un mal desempeño de la función pública.

Se trata del predio denominado Kohan, al sur de la calle Lisandro de la Torre, donde se asentaron un centenar de familias. Según explicó la abogada Daiana Vázquez a LM Cipolletti, la denuncia la radicó ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro por entender que hubo un mal desempeño de la función pública en relación al rechazo de la medida cautelar pedida el 15 de septiembre en la que solicitó el desalojo del terreno.

“Hay muchos elementos técnicos y legales, además de cuestiones lógicas del derecho, que no se respetaron. En la audiencia dejamos plasmadas muchas cuestiones con la consolidación del delito de usurpación, y cuestiones que con el tiempo resultaron todas concretas. Actualmente el predio usurpado cuenta con casillas precarias consolidadas, ingresaron materiales y nuevas personas, es decir, hay una consolidación del delito avalado por la resolución de la jueza Bagniole”, reclamó Vázquez en su denuncia.

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